Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
Se cumplen ocho meses de la instalación de la Convención Constitucional, y son abrumadoras las evidencias de cuánta confusión y cuánta incertidumbre trajo a la vida nacional. Fue un experimento deplorable, y la responsabilidad mayor no la tienen sus integrantes, sino quienes la concibieron. Ya está claro lo que significaba la proclama de refundar Chile lanzada por la señora Loncón el primer día, en medio de la silbatina contra el himno nacional.
Está en marcha un plan de demolición de los cimientos de la República, los fundamentos de la democracia representativa y los ejes del progreso económico y social. En su reemplazo, un conjunto de propuestas atrabiliarias, orientadas a terminar con el Estado unitario y a fomentar divisiones raciales y territoriales que provocarían la “balcanización” del país. No hay lugar a dudas: ¡Es lo que quiere para Chile la izquierda autoritaria, entrenada en demoliciones! Allí han confluido el PC, los colectivos del vandalismo octubrista, la ultraizquierda indígena, secundados a veces por el Frente Amplio y otras veces por el PS, en una suerte de sonambulismo que no les deja ver el caos y la ruina que pueden sobrevenir, ni tampoco la posibilidad de ser aplastados por el derrumbe.
Nuestras instituciones son el fruto de un esfuerzo sostenido en favor de la cultura de la libertad y, sin embargo, en los últimos años se extendió el argumento tramposo de que el orden constitucional vigente carece de legitimidad. Decirlo así, es una invitación a los golpistas de cualquier signo a llenar el vacío. El afán de seguir guerreando contra Pinochet ha implicado desdeñar la tarea de regeneración institucional que representó la transición democrática. ¿O es que el triunfo del No en 1988 fue ilegitimo, y también ilegítimos el triunfo de Aylwin y los cambios que vinieron enseguida? ¿Y, por consiguiente, ilegítimos todos los presidentes de la República desde 1990, y también la elección de Gabriel Boric? Como vemos, el camino de la irracionalidad puede ser infinito.
Vivimos en una sociedad abierta a los cambios, pero debemos conservar aquello que merece ser conservado y rechazar lo que puede descomponer nuestra convivencia. Por lo tanto, no tenemos que esperar el plebiscito de salida para oponernos al desvarío. Hay que oponerse ahora mismo, lo cual supone que la sociedad civil haga su propio camino, sin pedirle permiso a nadie. En esta hora, nada es más importante que sostener el dique de civilización que es el estado de derecho y reafirmar el pacto de lealtad con el régimen democrático.
El nuevo Congreso debe ayudar a evitar males mayores. Tiene que recuperar la potestad constituyente que nunca debió ceder. Debe mandatar a las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara para que construyan una alternativa integradora que asegure la estabilidad y la gobernabilidad. Hay que apostar resueltamente por la paz y la unidad de Chile.
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