Por Gloria de la Fuente, presidenta Fundación Chile 21
La magnitud que ha alcanzado la pandemia en nuestro país -con más de 60 mil contagiados, más de 600 fallecidos y un sistema de salud que está en su capacidad límite- ha confirmado los temores que muchos teníamos respecto a los efectos de las cuarentenas dinámicas, del “retorno seguro” o la posibilidad de abrir los centros comerciales. Frente a señales confusas, probablemente muchas personas subestimaron el alto nivel de contagio de este virus, y hoy, lejos de una meseta y pese a las medidas de cuarentena para toda la Región Metropolitana, estamos frente a un escenario incierto para las próximas semanas o meses. Es difícil, en estas circunstancias, decir que lo que hoy acontece nadie lo vio venir.
En tal circunstancia es también preciso preguntarse si nadie vio venir la situación que se generó esta semana a propósito del anuncio presidencial de repartir 2,5 millones de cajas de alimentos, para poder paliar los efectos del desempleo y la falta de suministros para las familias. Hecho el anuncio, era posible anticipar que al día siguiente miles de personas, varias desesperadas por la precariedad del creciente desempleo, se agolparían en municipios y oficinas públicas a solicitar la ayuda prometida. Del mismo modo, tampoco era difícil anticipar que resurgiría la protesta en algunos lugares, instrumentalizada o no, pero que da cuenta de un malestar que, de no mediar un análisis más certero, puede empezar a crecer. Un anuncio como el realizado por la autoridad requería desde un inicio claridad respecto a la logística básica para su implementación. Los contenidos de la canasta, los lugares de acopio y distribución, y los tiempos para llegar a cada hogar eran información mínima para poder dar certezas en medio de la enorme incertidumbre.
Todo lo anterior, sin considerar la necesaria transparencia y rendición de cuentas respecto a las medidas que se adoptan, porque más allá de la espectacularidad de la imagen de las cajas y el anuncio, es preciso que las autoridades sean capaces de responder por qué esta medida era mejor que su negativa a aumentar el ingreso familiar de emergencia; por qué no se optó por entregar a cada familia una tarjeta como tan exitosamente hace hoy Junaeb o una libreta de compras para permitir a las familias abastecerse, ojalá privilegiando al comercio pequeño que se ha visto perjudicado por la situación en la que estamos. A todas luces, el fundamento de las decisiones públicas es clave para otorgarle confianza a los cursos de acción de las autoridades, y ello requiere control social y una oposición que esté permanentemente disponible para hacer su trabajo de fiscalizar las acciones de gobierno, lo que no es para nada incompatible con tener disposición al diálogo, pero siempre desde una crítica constructiva y jamás desde la obsecuencia.
Parece que a algunos se les tiende a olvidar que antes de que esta pandemia azotara nuestras vidas veníamos de la peor crisis política y social de los últimos 30 años y que es iluso pensar que ese malestar desaparecerá por el sólo hecho de que enfrentemos una crisis sanitaria de proporciones. Es probable que la profundidad de la fractura expuesta hace algunos meses esté en estado de latencia y vuelva a emerger con más fuerza cuando la crisis sanitaria empiece a amainar y las consecuencias económicas y sociales de la pandemia se desplieguen con toda su crueldad. De ahí, entonces, que el escenario no esté para sacar cuentas alegres. Es más importante que nunca mantener la sobriedad, la claridad y la máxima transparencia en los cursos de acción que siguen.
¿O será que nuevamente algunos volverán a decir que nadie lo vio venir?
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