Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
Octubre empezó del peor modo. El viernes 2, un manifestante de 16 años cayó al río Mapocho en circunstancias que llevaron a la Fiscalía Metropolitana a formalizar a un carabinero de 22 años por presunto homicidio frustrado. El mismo día, en Collipulli, región de La Araucanía, Pedro Cabrera, obrero forestal de 49 años, padre de dos hijas, murió baleado luego de que el furgón en el que iba junto a otros trabajadores fue atacado por un grupo de encapuchados. En ambos casos, es indispensable que la justicia haga su tarea.
El país necesita que Carabineros cumpla estrictamente los protocolos sobre el uso de la fuerza. Las transgresiones y los delitos deben ser sancionados. Ello exige que el mando controle más directamente las operaciones en terreno. La institución, que ha estado sometida a muy duras pruebas en el último año, exhibe carencias que demandan una renovación profunda, que eleve la calidad del entrenamiento de sus miembros y, en particular, refuerce su formación en materia de DD.HH.
Los efectivos policiales corren riesgos cotidianos, incluidas las agresiones directas, pero ellos no pueden olvidar ni por un instante que son los representantes de la ley ante la comunidad, y que el respeto de esta depende precisamente de que ellos actúen dentro de la ley. La reforma de la institución debe contribuir a que despliegue su labor con mayor legitimidad.
Mucha gente teme una ola de violencia y destrucción como la del año pasado. Hay base para tal temor. En La Araucanía y el Biobío, es evidente que están actuando grupos con alto poder de fuego. El terrorismo cobró dos vidas en las últimas semanas: Moisés Orellana, de 21 años, asesinado de un balazo en la cabeza en Cañete (8 de septiembre), y el obrero Cabrera, asesinado ahora en Collipulli.
Está demostrado que los grupos político-delictivos que operaron en Santiago, Valparaíso y otras ciudades hace un año, han ganado confianza en sus capacidades de causar daño, desajustar nuestra convivencia e incluso influir en las decisiones políticas. Ahí está de muestra el plebiscito. Aprecian, además, la actitud comprensiva de ciertos partidos.
Para nuestra desgracia, los violentos consiguieron meterle el miedo en el cuerpo a la sociedad. Algunas expresiones de simpatía o indulgencia hacia ellos son, en realidad, formas indirectas de ese miedo, vulgares acomodos oportunistas. Además, hay quienes descubrieron el negocio de capitalizar los efectos del miedo, como los parlamentarios que están prestos a pedir renuncias y presentar acusaciones constitucionales sin que les importe mucho el rumbo del país.
Nada es más importante que detener la violencia por la que Chile ya ha pagado un alto costo. Y eso no lo resuelve ningún plebiscito, ningún texto constitucional bien o mal escrito, ningún quórum alto o bajo. Lo que cuenta es el compromiso con el pacto de civilización que es la democracia. Necesitamos saber quiénes son leales a ella.
