Por Paulina Vodanovic, presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano
El manejo de la pandemia ha combinado mucha confusión y autocomplacencia por parte de las autoridades. Sería injusto y torpe exigir al gobierno que afronte una crisis de esta magnitud sin cometer errores. Pero sí es razonable pedir que se escuche a las diversas voces expertas: de la academia y del terreno. Porque ese es el problema central de esta gestión: no escucha, o lo hace cuando ya se ha perdido tiempo valioso. Recordemos. ¿Cuánto costó que se empezara con las cuarentenas, que se suspendieran las clases, que se conformara una Mesa Social para entregar insumos y propuestas? Lo mismo que costó con la transparencia de la información o el rol de la red de Atención Primaria de Salud en el control de la pandemia. Es decir, por no escuchar se termina haciendo tarde lo que se podría haber hecho antes y mejor. Hay consecuencias sanitarias, nada menos que en la vida de personas.
¿Ocurrirá lo mismo con el impacto económico y social de la pandemia? ¿Vamos a permitir que al gobierno se le caiga otro castillo de naipes? Se han hecho llamados a un gran acuerdo social: no funcionará mientras el gobierno siga sin escuchar y busque solamente compartir los eventuales costos de los errores. No es posible pensar en un acuerdo en el aire. No es un asunto de palabras, tienen que existir condiciones para que las fuerzas políticas apoyen una misma agenda, amplia, de largo plazo. Eso no se decreta, se construye con voluntad.
Por eso, lo primero es confirmar un cambio de actitud en la estrategia sanitaria, con dos aspectos centrales: información transparente, accesible, y tomar en serio, ahora sí, las propuestas de la Mesa Social. Segundo, crear un marco para la discusión presupuestaria que sea claro en definir qué esfuerzo fiscal haremos y cómo lo financiaremos. No es lo mismo redestinar fondos, usar bonos soberanos o subir impuestos. Tercero, hacer participar a todas las fuerzas políticas y sociales en la definición de los tipos de inversión que haremos, con criterios acordados, con una mirada descentralizadora y con responsabilidad ambiental. Chile no aceptará que se beneficie solo a las grandes empresas ni que se dé un uso partidista a recursos que pertenecen a todos. Cuarto, garantizar un calendario del proceso constituyente, acordado con todas las fuerzas políticas y sociales. Recién en ese momento tendrá sentido hablar de acuerdo nacional.
Estos meses nos han dado razones para ser escépticos. Que un ministro de Estado desconozca la caracterización social de la población a la que sirve o que un subsecretario desconozca los protocolos de seguridad que él mismo debe difundir, da para hacerse más de una pregunta. Esperemos que ahora sí el gobierno sepa mirar, escuchar y actúe en consecuencia. El tiempo de la sorpresa pasó, ya no pueden decir que no saben.
