Por Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado
La postergación del itinerario constituyente acordada en marzo se orientó a garantizar la salud de la ciudadanía y la participación electoral. A días de la irrupción de la pandemia en Chile, las fuerzas políticas decidieron respetar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución manteniendo cada uno de los elementos del proceso para elaborar una nueva Carta. Sin embargo, ante la imposibilidad de realizar el plebiscito de apertura en abril con adecuadas condiciones de seguridad sanitaria, convinieron una reforma constitucional para la recalendarización del cronograma trazado.
En estos días, en que la crisis sanitaria y económica se agudiza, se han levantado voces que plantean otras fórmulas para llevar adelante el cambio constitucional. No esgrimen estrictamente razones sanitarias, sino fundan sus propuestas en argumentos económicos, como la grave recesión y el alto costo que irrogaría el proceso constituyente. La más drástica de las opciones planteadas es la suspensión indefinida del plebiscito de apertura. Otras, sugieren obviar la realización del plebiscito y facultar al nuevo Congreso Nacional de 2021 como congreso constituyente, o elegir derechamente convencionales constituyentes nacionales.
Sin perjuicio de que la crisis económica es una preocupación de todos los chilenos, estas propuestas desconocen el Acuerdo de noviembre y no se ajustan a la Constitución. Tales ideas buscan suprimir la voluntad ciudadana sobre cambiar -o no- la Constitución y acerca del órgano constituyente que debería, en su caso, definir su contenido. Con ello se pretende debilitar la propia idea de pacto social y la legitimidad de ese importante pronunciamiento soberano, al mismo tiempo que sugieren encomendar la tarea constituyente al Congreso, cuya representatividad está cuestionada.
La propuesta de un Congreso Nacional constituyente intenta replicar la tendencia conservadora de la Convención Mixta Constitucional. En él, difícilmente podrá diferenciarse con nitidez el ejercicio de la función constituyente de la función legislativa, se debilitará el ejercicio de esta última función; y la imparcialidad de los parlamentarios, como incumbentes en la discusión del nuevo diseño institucional, estará condicionada.
Aunque parezca evidente, conviene recordar que la crisis multidimensional que estalló en octubre pasado, cuya solución institucional se encaminó a través de un cambio constitucional, no se originó en el Covid-19. La pandemia solo ha agudizado tal crisis. Transitar un proceso constituyente no es un problema que se sumará a la grave situación actual, sino que es la ocasión de discutir las reglas del juego que han demostrado ser insuficientes para resolver los problemas de desigualdad estructural y de diseño institucional que nos aquejan. Por ello, este itinerario no se puede eludir ni detener. El desafío radica en generar, con altura de miras y sin cálculos mezquinos, las condiciones para realizar en octubre próximo el plebiscito de entrada.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.