Por Gloria de la Fuente, presidenta Fundación Chile 21
Septiembre es mes de conmemoraciones y memoria. Se ha cumplido un aniversario más del golpe de Estado de 1973, pero a diferencia de otros años, este ha sido un año particular, porque estamos ad portas de que parte de ese legado, tal vez el de mayor impacto institucional de la dictadura, se esfume con la llegada del proceso constituyente. En octubre pasado escuchábamos “no son 30 pesos, son 30 años”, y creo que si hacemos un análisis ponderado de lo que ha sido el devenir político, económico e institucional de este país, es importante considerar que han sido en realidad 47 años.
La dictadura cívico-militar en Chile no solo dejó un tremendo daño en materia de derechos humanos -existe aún una cantidad importante de juicios pendientes-, sino, sobre todo, de procesos que jamás lograron llegar a buen puerto, porque hubo quienes en el camino se negaron a contar toda la verdad, tal como nos mostraba un canal de televisión hace apenas un par de semanas. Ha habido actos de verdad, justicia y reparación, sin duda -mención especial para los tremendos aportes que hicieron las comisiones Rettig y Valech-, pero todavía hay quienes siguen esperando por esa respuesta que nunca llegó o aún padecen las consecuencias de ese fatídico momento donde las torturas o la muerte fueron la respuesta institucional para terminar con los “enemigos”.
Llegó la democracia, bajo las reglas de una Constitución que se aprobó en 1980 y que no contó con las condiciones mínimas para ser ratificada por las urnas, tal como ha quedado de manifiesto en distintos análisis respecto del periodo. Es cierto, tiene un tremendo mérito que, aún en condiciones de hostilidad, parte importante de la oposición al régimen haya generado la articulación necesaria para comprender lo que estaba en juego en el plebiscito de 1988, evitando mayor derramamiento de sangre. Pero la continuidad del régimen tuvo un precio demasiado alto. No solo fue la continuidad de Pinochet en la Comandancia en Jefe del Ejército hasta 1998, sino que también esos 500 días entre el plebiscito y la asunción del primer gobierno democrático, durante los cuales la dictadura se encargó de dejar bien amarrada la democracia que se inauguraría en 1990, mediante una serie de leyes orgánicas constitucionales que serían prácticamente imposibles de modificar por sus altos quorum.
Se pudo hacer más en los gobiernos democráticos que siguieron, sin duda, pero es preciso reconocer que ese periodo, con sus luces y sombras, cambió en varios sentidos este país. Fue un periodo luminoso para algunos, curiosamente, ese es el discurso que hoy levantan varios que se erigieron como defensores del régimen. Hubo otros que creyeron que la vía de las reformas sucesivas, en la medida en que se iban dando las condiciones, era el camino que se debía seguir. Y para un tercer grupo, en cambio, todo ese periodo es objeto de las más severas críticas.
Probablemente, jamás habrá un juicio ponderado y único respecto de ese periodo. Lo que sí es cierto es que, así como ocurrió en 1988, hoy enfrentamos una coyuntura similar que nos puede conducir a un nuevo pacto social, borrando ahora sí el legado de una Constitución generada en dictadura, que es una mancha relevante para la construcción de una democracia plena. Hubo cambios relevantes en el periodo, como las reformas de 2005, pero nunca suficientes para lograr desprendernos de la marca refundacional que los autores de esta Constitución buscaban.
“No son 30 pesos, son 30 años”, señalaba la consigna en la calle que terminó, finalmente, abriendo el proceso constitucional. Se nos tiende a olvidar que en realidad son 47 años de una dictadura que dejó amarrados y bien amarrados los destinos de este país. Tal vez ha llegado la oportunidad histórica de terminar con ese legado y, en consecuencia, dejar atrás las rencillas, porque lo que está en juego es demasiado importante.
