Por Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia
En un contexto de desconfianza en las instituciones públicas y privadas, la democracia no resiste solo sustentarse en procesos eleccionarios periódicos, sino que también requiere de una actividad constante de todas y todos, orientada al bien común, estableciendo los más altos estándares de transparencia, publicidad e integridad, especialmente por parte de las autoridades públicas.
A estos efectos, el cumplimiento del principio de transparencia y publicidad de las actuaciones de los órganos del Estado resulta fundamental para el control social de la función pública, permitiendo a la ciudadanía acceder a información de relevancia relacionada con las decisiones públicas, sus fundamentos y los procedimientos asociados a ellas.
De esta forma, el acceso a la información resulta esencial. Se trata de un derecho fundamental con importantes implicancias en el desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Dentro de las funciones que cumple el derecho de acceso a la información pública se incluye facilitar el control ciudadano sobre el poder y la función pública.
Son muchísimos los cargos públicos que deben ser proveídos en las primeras etapas del inicio del nuevo gobierno: autoridades, jefes de servicio y funcionarios públicos que tendrán a su cargo el ejercicio de la función pública.
Dada la actual crisis de confianza que nuestro país atraviesa, pero también considerando las enormes expectativas que el país ha situado en el comienzo de este nuevo ciclo de gobierno, la labor de nombramiento de las nuevas autoridades es de la mayor trascendencia, por lo que resulta fundamental que quienes tienen a su cargo esta labor, atiendan siempre a los principios de transparencia e integridad, incluso más allá de las exigencias normativas y legales que existen.
Acercar a la ciudadanía a este proceso, dando a conocer los criterios y elementos que se ponderaron a la hora de optar por uno u otro de los y las postulantes, y priorizar por la integridad de quienes serán autoridades, revestirá de legitimidad la designación y contribuirá a recomponer los lazos entre la ciudadanía y las actuaciones de sus autoridades.
Es de real importancia la existencia de transparencia, integridad e idoneidad como un criterio fundamental de cara a la ciudadanía para el cumplimiento de la función pública, porque además redunda en el resultado de la gestión. Afrontar esta misión actuando proactivamente en estos ámbitos, constituye una forma de ir consolidando nuestra democracia y el nuevo estándar que requiere nuestro país.
