Nombramientos supremos

La actividad política muchas veces es ingrata y mezquina. Quienes participan de ella se ven expuestos a críticas injustas o a cuestionamientos por las decisiones que adoptan. Sin embargo, la política es necesaria e indispensable para ordenadamente canalizar las necesidades que surgen en la vida de un país en los distintos momentos históricos. Por lo mismo los acuerdos y la negociación para alcanzar consensos son una parte esencial de la buena política. En palabras de Hannah Arendt, cierto grado de responsabilidad y moderación a la hora de perseguir el interés propio debe siempre primar en una clase política madura.

El proceso de selección de ministros de nuestra Corte Suprema nos ofreció en las últimas semanas una rara oportunidad de constatar lo que ocurre cuando se pierde esa necesaria responsabilidad, y comienzan a primar todo tipo de intereses subalternos. La política se transforma entonces en una insensible máquina utilitaria que arrasa con todo a su paso.

No me quiero detener en las razones que puedan explicar el retiro de la nominación de una destacada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago para integrar nuestro máximo tribunal. Sin lugar a dudas ella, pese a su vasta trayectoria, fue la ocasional víctima del desenfado de la política, desenfado al que la mayoría de los ciudadanos, incluido los jueces, no están acostumbrados.

Prefiero por lo mismo enfocarme en la rara oportunidad que este momento institucional nos ha ofrecido de corregir con coraje y decisión la promiscua y perturbadora intervención de la política en el proceso de selección de quienes están llamados a servir en el máximo Tribunal de la República. En este sentido, la rápida acción del ministro de Justicia y del Presidente de la República en orden a nominar de inmediato a la ministra de la Corte de Valparaíso Ana María Repetto, sin someter previamente su nombre a validaciones políticas y acuerdos que privilegian cuotas o parcelas de poder en el Senado, es un acto de inmenso valor republicano. Se trata sin lugar a dudas de un gesto político, naturalmente criticado por algunos ante la ausencia de cabildeo previo a la formulación de la propuesta, pero que precisamente por lo mismo restituye algo que nunca se debió abandonar en este tipo de materias: la exclusiva ponderación del mérito y carrera de quien pueda integrar el tribunal supremo. Cualquier otra consideración enloda el proceso de designación y erosiona la necesaria confianza que, en un estado de derecho, todos los ciudadanos depositamos en la Corte Suprema.

Es tiempo que ejercitemos la reflexión y actuemos con decisión. En palabras del filósofo Jorge Millas, es hora de ejercitar el pensamiento en el límite de sus posibilidades. Replantearnos de cara al futuro, y resguardar la fortaleza institucional que el Poder Judicial de Chile requiere.