En Argentina, el término “ñoquis” se ha popularizado para describir a aquellos empleados públicos que cobran un sueldo sin trabajar. Funcionarios fantasmas, instalados por clientelismo político, que aparecen el día de pago —el 29 de cada mes, como los ñoquis en la mesa— y luego se esfuman.

En Chile, esta figura no tiene un nombre tan pintoresco, pero la Contraloría General de la República, nos ha revelado un fenómeno similar y no menos escandaloso: el masivo fraude en licencias médicas, una verdadera hemorragia fiscal causada por funcionarios que, amparados en un sistema laxo y sin control, evaden sus responsabilidades laborales con el mismo desparpajo con que se exige al ciudadano común el cumplimiento de todas sus obligaciones.

El paralelo no es menor. Ambas prácticas —el ñoqui trasandino y el fraude criollo de licencias— revelan una cultura de impunidad instalada en el aparato estatal, donde el empleo público no se concibe como un servicio a la comunidad, sino como un botín que se reparte entre aliados políticos, operadores o simples oportunistas. Una maquinaria anquilosada, desconectada del mérito y blindada por un Estatuto Administrativo que dificulta cualquier intento real de fiscalización o desvinculación por mal desempeño. Peor aún, el caso no es aislado. Se suma al escándalo de la Fundación ProCultura, al fiasco del Ministerio de Salud con la vacunación de invierno —incluyendo miles de dosis inoculadas vencidas— y a una cadena de errores, fraudes y abusos que exhiben un Estado capturado, clientelista y desconectado del mérito y la eficiencia.

Durante la asonada delictual de octubre de 2019 se popularizó el lema “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Hoy, esa lógica parece haber penetrado al corazón del Estado con la agravante del doble estándar: mientras se legisla con celo para perseguir al contribuyente —con facultades intrusivas, levantamiento del secreto bancario y fiscalización permanente—, se tolera la mediocridad y falta de control en el aparato público.

La Contralora Dorothy Pérez asestó un certero golpe dejando en evidencia no solo la magnitud del abuso, sino la orfandad institucional en la que este se ha gestado. Su informe revela cifras escandalosas, y desnuda un sistema de complicidades, opacidad y abandono. Antes de pedir más tributos, el Estado debe ordenar su propia casa. No se puede exigir sacrificio cuando quienes gobiernan no dan el ejemplo más básico: trabajar con decencia, eficacia y austeridad.

Es ineludible modernizar y reducir el Estado, reformar el rígido Estatuto Administrativo, terminar con el clientelismo, y profesionalizar el servicio público. Gobernar no es repartir cargos ni acumular privilegios. Como advirtió José Hernández en Martín Fierro: “Y colijo que no quieren/ La baraúnda componer/Para eso no ha de tener/El jefe que esté de estable/ Más que su poncho y su sable, / Su caballo y su deber”.

Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Fac. de Derecho, Universidad de Chile