Por Paula Walker, profesora de la Escuela de Periodismo Usach
No es fácil volver a escribir las reglas del juego de Chile en plena era digital. Se está escribiendo una nueva Constitución justo cuando el acceso a redes sociales, a información y a la posibilidad de expresar la opinión es más fácil que nunca. Imaginen que a nivel nacional en Whatsapp hay 15 millones de personas, en Facebook 14,5 millones y en Twitter 2,3 millones. Tik Tok ya sobrepasó los 6 millones de usuarios, mientras Instagram se eleva a 9 millones.
Varias encuestas confirman que las personas se informan a través de las redes sociales y le asignan una alta confianza a esta manera de relacionarse. En pleno estallido social, se redujo la confianza en los medios de comunicación y aumentó la confianza en lo que informaban las personas en redes sociales. Posteriormente, en plena pandemia, la tendencia se revirtió. La competencia entre creer la información que circula en los medios de comunicación o lo que dicen las redes sociales continuará. Al parecer vivimos tiempos donde las personas quieren creer en aquello que les hace sentido, sin importar si es verdadero o falso. Y es ahí donde el impacto de las redes puede ser incontrarrestable.
La desinformación fue definida en 2018 por la Comisión Europea como un contenido “falso, inexacto o engañoso” que estaría “diseñado, presentado y promovido” siempre de manera “intencional” con el objetivo de “causar daño público o beneficios particulares”. El doctor en sociología y experto en investigación social online Miguel del Fresno García, agrega que el objetivo es engañar o “alterar la percepción de forma intencional de grandes grupos de personas o sociedades e influir en su comportamiento (político, económico, ideológico…)”.
Dados estos breves antecedentes, es imprescindible comprender que la estrategia de utilizar noticias falsas, mala información o desinformación por parte de sectores políticos no es casual. Incluso hemos conocido de constituyentes que viralizan información inexacta, o hacen circular documentos sabiendo que no son oficiales, o declaran que se hará tal o cual cosa, aunque aún está pendiente la votación del pleno que puede rechazar la propuesta o modificarla. Mientras más intereses de grupos económicos se toquen, más derechos se agreguen, más libertades se empujen, más feminista sea la Constitución, más se reparta el poder entre las personas y prevalezca la mirada ambientalista, veremos estrategias para desprestigiar la Convención Constitucional, asentadas en las redes sociales.
A medida que se acerca el plebiscito de salida, donde las personas obligatoriamente deberemos votar por aprobar una nueva Constitución o rechazarla, los grupos que sientan amenazado el poder que tienen utilizarán todas las estrategias para desprestigiar este espacio. Ojalá que las y los constituyentes debatan con argumentos y sea la votación democrática en el pleno la estrategia por excelencia para conseguir una Constitución legítima para una sociedad esperanzada en tener una mejor vida para los próximos años.
