Nueva Constitución ¿la “Casa de todos o de algunos”?

Por Juan Pablo Díaz Fuenzalida, abogado y académico U. Autónoma de Chile

Más allá de las atribuciones, funciones y obligaciones de las nuevas autoridades y de la mesa directiva de la Convención Constitucional, destaca como un gran desafío, velar por el cumplimiento de los plazos establecidos para el funcionamiento de la Convención, dado que quedan menos de tres meses (más una posibilidad de prórroga de otros tres). Es decir, en menos de seis meses debe elaborarse el texto de una nueva Constitución que se deberá presentar a la ciudadanía para que decida: aprobar o rechazar.

Lo anterior no es un asunto menor, dado que es un deber de cumplimiento que data del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de 2019, de la reforma constitucional contemplada en la Ley 21.200 que estableció el procedimiento para elaborar una nueva Constitución, y, además, del cronograma aprobado por la propia Convención Constitucional. En efecto, es un verdadero reto, puesto que aún está en etapa de redacción de iniciativas, tanto de convencionales como aquellas provenientes de la sociedad civil, a través, de las iniciativas populares de norma. A ello se suma la complejidad de llegar a acuerdos de los dos tercios de los convencionales en ejercicio, especialmente si se repite la tónica que hemos presenciado los últimos días.

Ahora bien, quizás el mayor desafío es generar los espacios y las confianzas para guiar el trabajo de la Convención Constitucional hacia lo que se denomina la “Casa de Todos”. Si bien en las elecciones a convencionales constituyentes la derecha ni siquiera tuvo un cuarto de representación en la Convención Constitucional, en las últimas elecciones parlamentarias el resultado fue distinto, lo que trajo como consecuencia un Congreso equilibrado en fuerzas políticas. Es decir, si se lidera en favor de un nuevo pacto social, considerándose solo la “radiografía política” del país de inicios de 2021 y no de los últimos tiempos, podría generarse un texto constitucional que, pese a ser posteriormente aprobado, sea la “Casa de Algunos”, lo que producirá al menos la necesidad de ampliación en algún momento.

Otro reto será liderar hacia la elaboración de un texto constitucional que respete los tratados internacionales, especialmente los que dicen relación con los derechos humanos. En el caso de una Constitución que otorgue un rol preponderante al Estado, surge el riesgo de afectar o limitar excesivamente de derechos civiles y políticos esenciales. Ello puede suceder incluso teniendo buenas intenciones, por lo que el conocimiento de los tratados internacionales referidos será necesario para tener una Carta Constitucional válida en relación con los derechos humanos de las personas.

Y, finalmente, un gran reto es guiar hacia la redacción de una Constitución que pueda efectivamente cumplirse. Que mejore asuntos sobre derechos sociales, pero sin desatender aspectos de una economía que genere prosperidad al país, para justamente hacer efectivos tales derechos.