Nueva Constitución: ¿Por dónde partimos?

Por Magdalena Vergara, Directora ejecutiva de Acción Educar.

La educación en los últimos años ha estado constantemente dentro de las principales preocupaciones de los chilenos. ¿Qué preocupa? Que los alumnos no alcancen los niveles de educación adecuados, que uno de cada tres niños no sepa leer en 1° Básico, las altas brechas de aprendizaje entre colegios municipales y particulares pagados, las diferencias a las que se enfrentan los estudiantes al momento de querer ingresar a la educación superior, que no todos terminen IV Medio o deserten de sus carreras sin terminar sus trayectorias educativas…

Además, preocupa que existan escuelas que no sean capaces de entregar los mínimos de formación esperados, que tienen altos niveles de inasistencia, donde falta compromiso por parte de las familias, y el clima escolar es deficiente, afectando el entorno de los estudiantes y docentes.

Todo lo anterior tiene múltiples causales, a las que debemos saber atender con la debida diligencia. De manera de saber entregar las herramientas pertinentes a las familias para que puedan cumplir con su deber de ser primeras educadoras, que se formen adecuadamente a los profesores y que se le entreguen los apoyos necesarios para llevar adelante los procesos de enseñanza y formación, así como a los directivos para liderar la escuela, entre otras cosas.

Para enfrentar la discusión constitucional es clave tener presente el actual panorama anteriormente descrito, sin olvidar que la solución a la mayoría de los problemas expuestos y que aquejan a nuestro sistema educativo no se resuelven con una Nueva Constitución. No obstante, esta define los principios que relevan la educación en nuestra sociedad, tanto para el desarrollo de las personas, como de ella misma y que nos permiten orientar e iluminar las políticas que le den cabida a la determinación del derecho. En consecuencia, si no somos capaces de hacer un buen diagnóstico, es posible que mediante la Constitución terminemos profundizando aún más el problema.

En esta línea, si bien es cierto que el sistema educativo adolece de diversos problemas, hay uno del que poco nos hacemos cargo y que debiera ser pilar fundamental consagrado en nuestra Constitución: el rol que cumple la familia dentro del proceso educativo del niño. La familia como primera y principal educadora.

Por mucho que nos esforcemos en las escuelas, si la familia no tiene una participación e involucramiento activo desde los primeros días de vida, entregándole el cariño -mediante los cuales forma los primeros lazos comunitarios- y los estímulos para sus primeros aprendizajes, difícilmente podremos obtener mejores desarrollos. La evidencia sobre esto es contundente, y a pesar de ello no le hemos puesto la atención que merece.

El rol del Estado debiera estar de forma preferente en fortalecer las familias. Entregarles apoyo para que puedan cumplir con sus deberes y no sustituirlas, en especial cuando se trata de aquellas de menores recursos. Cuestión que va más allá de disponer de un sistema al cual tengan acceso, también de darles alternativas diversas para que puedan elegir entre establecimientos que más se acomoden con sus ideales y convicciones, de otorgarles las herramientas y los espacios de participación adecuados.

En definitiva, tanto desde el diagnóstico de los problemas que adolecen nuestro sistema como de los principios que deben orientarlo, la Constitución debiera ser capaz de consagrar a la familia como pilar fundamental de la sociedad -pero esta vez tomándonoslo en serio-, y ponerla al centro de nuestro sistema educativo.