Por María de los Ángeles Fernández, analista política y presidenta Fundación Hay Mujeres
Para el momento dulce que vive el feminismo en Chile, con Convención Constitucional paritaria, primera mujer a la cabeza del Banco Central, primera dama feminista, 54% de ministras y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con asiento en el corazón del Comité Político, mencionar que en España se estarían dando situaciones de involución para las mujeres podría interpretarse como un mal chiste. Se trata, a fin de cuentas, de un país cuyo feminismo ha inspirado al de las chilenas y con una situación actual de 63% de ministras, uno de los parlamentos más paritarios de Europa y ocupando el puesto 14 del Índice de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF). Pese a todo ello, algunas analistas observan un virtual backlash debido al auge de una cosmovisión tradicional de la ultraderecha con un feminismo conservador del que Vox, que acaba de entrar en el gobierno autonómico de Castilla y León, es visto como punta de lanza.
Que algo similar pudiera suceder hoy en Chile, derrotado Kast (símil chileno de Vox) en las urnas, y con un gobierno que se reclama feminista, sonaría como algo remoto. La prueba está en la inclusión de las demandas de igualdad de género en el texto constitucional que se plebiscitará en septiembre. Salvo algunas controversias acerca del enfoque de género en el sistema de justicia y la garantía constitucional que consagraría el derecho al aborto en términos amplios, no parece ser ese el foco de quienes critican la elaboración constitucional en curso. Las preocupaciones están colocadas en las disposiciones que pondrían fin al Senado, la existencia de variados sistemas de justicia, la instalación de un Consejo de Justicia en donde los jueces estarían en minoría, las autonomías territoriales y la plurinacionalidad.
El hecho de plantearlas, sin embargo, brinda un servicio, por muy tangencial que parezca, a quienes nos preocupamos por los derechos de las mujeres. Si, tal como se anticipa, distintas disposiciones ya aprobadas prefiguran un modelo de país que eliminaría la existencia de contrapesos entre los poderes y la independencia del poder judicial, así como la anulación de las minorías, la consagración constitucional del derecho al cuidado supone un magro avance. La historia demuestra largamente que, para las oportunidades y libertades de las mujeres, las libertades generales son condición de necesidad.
Por lo anterior, nada conviene menos que la posibilidad futura de gobiernos iliberales, aún cobijados por una Constitución feminista. Sobre este tipo de situaciones recién comienzan a aparecer estudios como el de Bjarnegard y Zetterberg. Con su referencia al “lavado de género autocrático”, exploran la adopción de reformas de igualdad de género bajo gobiernos conducidos por autócratas.
