Por José de la Cruz Garrido, Centro de Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo
El duro golpe que significó la derrota del Apruebo ha dejado a sus mayores promotores, los partidos de gobierno, en estado de negación. Las redes sociales por su parte se han enfocado además en menospreciar la masiva votación de los sectores populares por la opción Rechazo, con estrategias que rayan el morbo. Por supuesto, la idea que frente a la derrota ahora el pueblo habría sido engañado, sumada a la victimización frente a la presunta conspiración de los grandes medios, configuran una escena donde queda en evidencia la falta de cultura democrática de la izquierda radical.
Esta actitud también la vimos en las constantes desacreditaciones a numerosas encuestas que anticipaban el rechazo al proyecto constitucional. Pero lo más increíble fue la desacreditación de expertos, líderes de opinión e, incluso, medios internacionales. Mientras tanto, un proceso que el mismo Jorge Baradit se ha encargado de publicitar dio un espectáculo cargado de soberbia, pequeñeces y con una actitud distante de la empresa encargada. Lo más obsceno en este resumen, es lo que le ha costado al erario fiscal esta “innovación pública”: unos 68 mil millones de pesos según estima la investigación de Mega. Es decir, aproximadamente unos 80 millones de dólares.
Para tener un parámetro de comparación, para un proyecto de investigación aplicada (IDEA-ANID) en el que participan investigadores altamente calificados a nivel internacional, evaluados por pares y con estrictos sistemas de rendición de cuentas, el techo son 200 millones de pesos de aporte fiscal. En este caso, para la elaboración de un texto, que pertenece a una literatura en la que existen competencias públicamente conocidas, no existió nada parecido. O más concreto aún. El Hospital de Arica, Dr. Juan Noé, requirió de una inversión de $38 mil millones ($31 mil millones en obras civiles y $7.600 millones en equipamiento). El recinto de salud cuenta con 41 mil metros cuadrados, una moderna unidad de urgencia con helipuerto para el traslado de pacientes graves, 288 camas. Este antecedente debiera ser el piso del nuevo proceso. La última encuesta Panel Ciudadano UDD, según el segmento socioeconómico, da una respuesta mayoritaria (entre el 38% y el 45%) a que se encargue a un comité de expertos la redacción de una nueva Constitución. Asimismo, Feedback señala que un 54% está responde que se encargue a un comité de expertos y que luego se plebiscite el nuevo texto.
No nos podemos permitir una política pública que esté en el limbo de la responsabilidad pública, más aún cuando se está redactando el marco normativo general de la nación. Las constituciones son ámbito de competencia de ciertos expertos, y no cualquier abogado o profesor universitario como se ha instalado en la opinión pública. Asimismo, se deben exigir mínimos de comportamiento propios de un proceso que exige consensos y no exclusiones públicas como nos tienen acostumbrados los “caras” del show televisivo.
En definitiva, hay que exigir estándares académicos y culturales a la elaboración del texto. Así, como en la academia estamos familiarizados con ciertas convenciones que hacen posibles resultados de calidad y no a cualquier precio. Existe experiencia comparada en Irlanda (2012-2014) o Islandia (2009-2013) que nos puede dar luces de procesos de participación ciudadana que complementen lo anterior y no tener que presenciar nuevamente un bochornoso espectáculo.
