Por Gonzalo Martner, economista y profesor titular de la Universidad de Santiago
Avanza en la sociedad chilena la idea que una pensión básica decente debe ser provista por la colectividad y financiada mediante impuestos progresivos. De la pensión asistencial misérrima antes de 1990 para menos del 10% de los mayores, se pasó a aumentos sucesivos. Un salto fue la pensión básica solidaria en 2008 para los que, perteneciendo al 60% de la población de menos ingresos (inicialmente el 45%), no tienen cotizaciones. Se agregó un aporte previsional fiscal para las pensiones bajas, pues muchos cotizantes presentan discontinuidades de aportes. En ambos casos esto afecta especialmente a las mujeres. Las tasas de reemplazo del salario previo son deficientes y llevan a pensiones irrisorias que requieren de un complemento y el sistema abarca a 1,7 millones de personas de más de 65 años. Sebastián Piñera ahora anunció que el umbral de acceso pasará de 60% a 80% de las personas de menos ingresos (unas 490 mil adicionales) y que las pensiones no serán inferiores a la línea de pobreza, junto a crear un mayor subsidio y un seguro para la dependencia severa. Todo esto es una buena noticia.
El problema es que el financiamiento de estos beneficios es poco claro a mediano plazo, que se insiste en mantener el 10% de la cotización obligatoria en las AFP -lo que no tiene otra justificación que seguir haciendo prosperar sus utilidades sobrenormales- y que la mitad de la cotización adicional pactada iría a cuentas individuales de capitalización incierta.
Si algo no funciona, hay que cambiarlo. En este caso, el sistema de AFP por uno en el que la cotización de los activos financie directamente los derechos previsionales adquiridos por cada cual en la vida laboral, complementados por una pensión universal de cargo fiscal y por los ingresos de un fondo colectivo de capitalización constituido por cotizaciones adicionales (6%) para sostener las pensiones de las mujeres y el cambio demográfico, como hemos propuesto con Fernando Carmona. Esto aumentaría de inmediato las pensiones y terminaría con el monopolio lucrativo de las AFP con las cotizaciones, empresas que deberían ser un mecanismo voluntario de ahorro, del cual se pueda disponer en situaciones de crisis como la actual.
Más retiros sin una reforma bajarán las futuras pensiones, y las actuales si se incluyen la renta vitalicia o la programada. Las propuestas de nuevo retiro con bono de reconocimiento son injustas, dado que los tres millones ya sin fondos no recibirían reintegro y los de bajo ahorro muy poco. Ese dinero fiscal más vale gastarlo hoy en el Ingreso Familiar de Emergencia en la línea de pobreza, financiado con reservas y deuda, y sin regalos a los de más ingresos. Y se debe desechar la propuesta de usar los recursos apozados en el seguro de cesantía para otros fines que los de apoyar a los trabajadores cesantes, los que debieran recibir no el 45% sino el 70% del salario previo.
