A fines de 2023 el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de nueva ley general de pesca que, entre sus fundamentos, señala que “la competencia tiene un rol marginal en la asignación de recursos, los que actualmente son preponderantemente asignados en virtud de criterios históricos”.

Para entender el rol marginal que efectivamente ha tenido la competencia en la regulación pesquera, es importante recordar que Chile estableció desde el año 2001, una cuota global de pesca para el sector industrial, la que luego se distribuía en cuotas individuales en base a las capturas pasadas de cada empresa. Estas capturas pasadas tenían su origen en pesca de investigación y capacidad de bodega autorizada discrecionalmente por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y asignadas gratuita y directamente a las empresas sin un proceso competitivo. Se suponía que esta era una asignación transitoria, sólo para los años 2001 y 2002, pero fue posteriormente extendida hasta el año 2012, en gran parte producto del lobby y las presiones de los incumbentes en la industria pesquera.

El año 2012, cuando vencía la extensión entregada para la asignación transitoria inicial de las cuotas de pesca, el ministro de Economía anunció que se licitarían las cuotas de pesca. Las empresas incumbentes se opusieron fuertemente a la medida y es así como la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) argumentaron fuertemente en favor de que las cuotas se asignen en base a las capturas pasadas de cada uno.

Las presiones de la industria resultaron ser efectivas. El nuevo ministro de Economía revocó la decisión de licitar y propuso que las cuotas de pesca se asignaran en base a un acuerdo entre los actores del sector, industriales y artesanales. Para incentivar un este acuerdo colusivo, señaló que si llegaban a un acuerdo para distribuir las cuotas entre ellos, entonces se dejaría sin efecto la licitación. Luego advirtió a los pescadores artesanales que, si no llegaban a acuerdo, se licitarían sus cuotas. Las gestiones fueron exitosas gestiones y se alcanzó un acuerdo entre todas las empresas de la industria, el que luego fue ratificado en el Congreso y no hubo licitación de las cuotas de pesca que vencían en 2012.

El nuevo proyecto de ley propone asignar un 50% de las cuotas de pesca industrial mediante licitación. Desde el punto de vista de la libre competencia y la eficiencia económica, una vez que se fija con criterios técnicos de sustentación biológica una cuota global de pesca, una licitación transparente y es la forma más eficiente de asignar las cuotas de pesca.

La asignación de las cuotas de pesca mediante licitación no sólo reduce barreras a la entrada y permite la potencial entrada de nuevos competidores en el mercado, los cuales pueden ser más eficientes que los actuales participantes, sino que además garantiza la eficiencia productiva en el sector. Por el contrario, asignar cuotas de pesca en base a criterios de capturas pasadas es ineficiente y genera rentas económicas para las empresas incumbentes, las cuales no existirían si se asignan mediante una licitación competitiva. Adicionalmente, les da a los incumbentes una ventaja competitiva artificial respecto a potenciales entrantes para comprar más cuotas de pesca.

En este sentido, el proyecto de ley, al proponer una licitación de solo un 50% de las cuotas de pesca, limita la competencia, le entrega rentas y un potencial poder de mercado a los incumbentes y no garantiza que las empresas más eficientes desde el punto de vista productivo sean las que operen en el mercado. Lo correcto es licitar 100% de las cuotas mediante un proceso competitivo y transparente, de tal forma de garantizar la eficiencia económica en la asignación de los recursos pesqueros.

El objetivo central de la libre competencia es la eficiencia económica, para ello es necesario defender la competencia y no a los competidores. No licitar 100% de las cuotas atenta contra ese objetivo, ya que implica proteger de la competencia a algunos participantes específicos en el mercado, los que recibieron cuotas de pesca gratuitas en forma no competitiva.

Por Claudio Agostini, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Adolfo Ibáñez