Nueva norma para regular los “narcofunerales”

El gobierno ingresó la semana pasada a Contraloría el reglamento que regulará la aplicación de la ley sobre funerales de alto riesgo promulgada en noviembre del año pasado. La norma había sido anunciada por el Presidente de la República en su segunda Cuenta Pública, en junio de 2023. “Presentaremos un proyecto de ley para restringir estas prácticas, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos entre otras medidas, nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar los barrios por mucha que sea la pena que sienta por la partida de un ser querido”, dijo el mandatario en esa ocasión. Luego de 13 meses de tramitación esta fue finalmente aprobada por el Congreso en el último trimestre del año pasado y sólo queda ahora validar su reglamento.

La norma establece distintas restricciones a los popularmente conocidos como “narcofunerales”. Estos deben llevarse a cabo en un plazo máximo de 24 horas y ser catalogados como tales por el Delegado Presidencial regional tras recibir un informe técnico de Carabineros sobre la peligrosidad del funeral. El reglamento por su parte fija que esta evaluación debe ser entregada en un plazo máximo de dos horas desde conocido el deceso y a partir de ahí el Delegado deberá informar a todas las partes involucradas en el proceso para acelerar los trámites y permitir concretar la inhumación en el plazo establecido. Así tanto el Servicio Médico Legal como el Registro Civil deberán darle prioridad a la documentación requerida y paralelamente se informará a la familia de las condiciones.

Carabineros por su parte, dependiendo del grado de peligrosidad que se haya determinado, destinará recursos para evitar que la ceremonia altere la vida de la ciudadanía. Tendrá además que fijar el recorrido del cortejo y desplegar personal para controlar a los asistentes e impedir el ingreso de personas bajo la influencia del alcohol o las drogas. La norma señala, además, que el entierro deberá realizarse en un horario que cause un menor impacto en la ciudadanía y si este se lleva a cabo en una región distinta a donde se produjo el fallecimiento, será responsabilidad de la autoridad coordinar el traslado para evitar problemas de seguridad. Todo ello implica un importante gasto de recursos por parte de las distintas instituciones involucradas en el proceso.

Al promulgar la ley el Presidente de la República aseguró que con ella “vamos a enfrentar a la cultura narco en todas sus dimensiones” y que “la seguridad de nuestros compatriotas no puede esperar”. Sin embargo, en los hechos no sólo la norma no enfrenta al narco como dice el mandatario, sino su sola promulgación es la constatación del fracaso de la autoridad en entregar seguridad a la ciudadanía. Esto porque, si bien la ley responde a un problema real que atemoriza a la población, a causa de los desórdenes y la violencia que se despliega en esas ceremonias, ésta demuestra evidentes falencias de los distintos representantes del Estado para hacer cumplir las numerosas leyes ya vigentes. Antes incluso de la promulgación de esta norma, el Estado contaba con herramientas suficientes para responder, pero estas eran abiertamente violadas sin que la autoridad hiciera nada para hacerlas cumplir.

El fenómeno de los “narcofunerales” ha sido desde un inicio un abierto desafío al estado de derecho. Resulta grave que grupos de personas -haciendo evidente ostentación de la cultura “narco”- se haya sentido en total impunidad para portar armas, realizar disparos -atemorizando y poniendo en grave riesgo a la población-, y desafiar abiertamente a toda la institucionalidad, sin una respuesta enérgica y efectiva de las autoridades de gobierno, las policías y el Ministerio Público. Por de pronto, cabe preguntarse por qué nunca fue posible en el pasado un control más efectivo de estos eventos, sin necesidad de promulgar una nueva legislación, en circunstancias de que la mayor parte de este vandalismo ocurría a plena luz del día e incluso con presencia policial.

Por ello, detrás de la nueva normativa que efectivamente busca hacerse cargo de un problema, existe también un evidente fracaso del Estado. Es responsabilidad de este y de sus autoridades hacer cumplir la Constitución y las leyes, algo que en el caso de los llamados funerales de alto riesgo nunca ocurrió. En el pasado incluso se ha optado por suspender la actividad de los colegios o realizar desvíos del tránsito a causa del paso del cortejo fúnebre y la violencia asociada a él, en lugar de garantizar la seguridad de la ciudadanía con las leyes vigentes. Hechos ambos que no sólo dan cuenta de una virtual capitulación de la autoridad, sino que además entregan una grave señal de debilidad del Estado ante el avance del crimen organizado, con las consecuencias que ello tiene.