Nueva ola de asesinatos

La ola de asesinatos que se volvió a registrar el fin de semana pasado, principalmente en la Región Metropolitana, ha vuelto a relevar la situación de inseguridad que vive el país y obliga a preguntarse por la efectividad de los planes que se han desplegado para contener este tipo de delitos.

El gobierno ha intentado llamar a la calma, planteando que la cifras preliminares indicarían que los homicidios a nivel nacional han ido a la baja en lo que va del año, y que las situaciones más violentas que se registraron en los días recién pasados corresponderían a ajustes de cuentas entre bandas rivales, por lo que no estaríamos frente a fenómenos que alteren mayormente el escenario ya conocido, sin perjuicio de que la autoridad reconoce que el objetivo es también terminar con este tipo de hechos violentos.

Más allá de que la cantidad de homicidios a nivel nacional no haya continuado aumentando -lo que desde ya constituye un hecho positivo-, parece evidente que los asesinatos más violentos, concentrados sobre todo en determinadas zonas geográficas y cometidos por lo general con armas de fuego, no dan señales de haber amainado, lo que por sí solo es una señal preocupante. Ello porque es altamente probable que el perfil de dichos asesinatos corresponda al crimen organizado o bandas dedicadas al narcotráfico, lo que evidentemente representa un riesgo para la seguridad del país.

El plan con que el actual gobierno ha respondido a la ola de delitos ha sido Calles sin Violencia, iniciativa que se puso en marcha en abril de 2023. Dicho plan ha sido objeto de una serie de cuestionamientos, pues en varias de las comunas que han sido priorizadas no se ha detectado una caída significativa de los homicidios, y en algunos casos incluso estos han aumentado. Recientemente el gobierno ha anunciado que este plan fue objeto de modificaciones, constituyendo el tercer cambio desde su implementación.

Naturalmente que tratándose de una materia muy compleja de abordar como es la delincuencia y el crimen organizado -fenómenos que son dinámicos en el tiempo-, es explicable que los planes deban ir adaptándose, pero transcurridos ya cerca de dos años desde que Calles sin Violencia está operativo, parece pertinente que el Ministerio del Interior fije metas e indicadores mucho más precisos para su evaluación, especialmente si se toma en cuenta que no resulta claro que dicha iniciativa haya logrado revertir los delitos en forma significativa.

Contar con una estrategia efectiva para combatir el delito resulta fundamental no solo para dar garantías a la población de mayores niveles de seguridad en este momento, sino porque también será un insumo para el futuro Ministerio de Seguridad, el cual debería implementarse en el transcurso de este año. Lo cierto es que si el Estado, pese a las abundantes capacidades con que hoy cuenta, no es capaz de elaborar actualmente planes efectivos para contener el delito, se abre la interrogante de si el nuevo ministerio podrá subsanar estas falencias.