El jueves 26 de marzo se promulgó la Reforma Constitucional para postergar las fechas del plebiscito constitucional, de las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Si bien no había alternativa fáctica para realizar el plebiscito en abril, el acuerdo del Congreso de postergar y modificar el calendario electoral deja abiertas preguntas que son relevantes de responder.
Por ejemplo, una de ellas tiene relación con lo que denunciaban algunos diputados en el momento de la discusión, en el sentido que el cambio podría afectar el desenvolvimiento del proceso constitucional. En caso de ganar la Convención Mixta, esta se encontraría en pleno período de sesiones cuando los parlamentarios que la conformen estarán terminando su período como legisladores. Era prudente saber si seguían en la convención o no y si se les seguía remunerando como diputados o como convencionales.
Otra pregunta abierta más importante aún, es el desorden institucional que previsiblemente se producirá el 2022. Nuestras elecciones presidenciales y parlamentarias son en noviembre del 2021, período en el cual la eventual Convención estaría sesionando y decidiendo cosas importantes en relación con esos mismos cargos electos, como por ejemplo el régimen político de la República o sus respectivas atribuciones.
Debido a lo anterior es natural preguntarse por los incentivos de la mayoría en la Convención, pues es razonable suponer que tenga mayores incentivos a darle más atribuciones a un presidente electo de su color político y menos al del contrario. Esto se puede evitar diciendo que a las autoridades electas bajo una institucionalidad les rige la misma, ya que en virtud de ella fueron electas. Sin embargo, ¿cuál es la posibilidad fáctica de que un presidente aplique algunas atribuciones complejas que fueron derogadas por la eventual nueva Constitución?
A toda esta incertidumbre debemos agregar la que producirá la crisis derivada del Coronavirus. Estoy convencido que Chile tiene que poner todos sus esfuerzos en la recuperación económica, en generar más empleo y mejores condiciones de vida para la población. El problema es que probablemente los políticos estarán preocupados de la discusión constitucional que, queramos o no, podría alargar el deterioro económico.
Ante esta realidad resulta claro que el proceso constituyente debería ser postergado o institucionalizado en el próximo Congreso. Sin embargo, es razonable pensar que para eso se requiere una política que esté a la altura de las circunstancias, aspecto que ha brillado por su ausencia desde hace bastante tiempo.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.