Por Gonzalo Martner, académico de la Universidad de Santiago de Chile
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el 13 de julio el proyecto de ley presentado por el gobierno con medidas de apoyo a las familias, en un contexto de fuerte alza en los precios de alimentos y combustibles y de recesión a la vista. Éstas incluyen un bono de invierno de $120 mil que llegará al 60% más vulnerable (unos 7,5 millones de personas), la extensión del subsidio laboral hasta fin de año para apoyar el retorno al empleo formal, la ampliación de cupos del subsidio laboral a las mujeres trabajadoras con hijos menores y la extensión del postnatal parental.
El gobierno anticipa un deterioro del empleo y los ingresos que con una alta probabilidad se producirá en el resto del año y en 2023, en un contexto de fuerte inflación de origen importado. No otra cosa se puede esperar de la combinación de la política contractiva del Banco Central, la caída de -25% en el gasto público programada por el gobierno anterior, el deterioro de los salarios reales y la caída del precio del cobre.
Estas medidas se agregan a las ya puestas en práctica en materia de suplemento de la asignación y subsidio familiar para compensar el alza de los alimentos, de congelamiento de las tarifas del transporte público y de aumento de fondos para aplanar el impacto del aumento del precio externo de los combustibles y de la electricidad. Implicarán un gasto del orden de 0,3% del PIB por una vez, a comparar con el IFE de 2021 cuyo costo fue de 1% mensual del PIB, generando entonces un déficit fiscal insostenible. Este se ha revertido con rapidez con los mayores ingresos tributarios registrados en el primer semestre, los que permitirán, según el nuevo Informe de Finanzas Públicas, que el déficit fiscal efectivo sea de -0,1% del PIB.
Este equilibrio presupuestario proyectado para 2022 sería un récord en el mundo. El problema es que no tiene mayor sentido económico. El déficit fiscal llamado estructural, que compara los gastos del año con los ingresos de más largo plazo (trayectoria a 5 años de los impuestos, que dependen de la proyección de crecimiento, usualmente castigada en este cálculo, y proyección del precio del cobre a largo plazo, también subestimado) pasará a -1,3% del PIB a fin de año con la nueva proyección (un 2% menos del PIB que lo previamente estimado, una corrección considerable). El compromiso de Mario Marcel es que el déficit estructural llegue a -1,1% en 2025 y -0,3% en 2026. No tiene ningún sentido innovar en la trayectoria fiscal previamente definida y llevar en 2022 el déficit estructural a un nivel cercano al programado para 2025. Sería un sobreajuste sin justificación.
Existe ahora un amplio margen para aminorar la brusquedad de la caída del gasto público programado por el gobierno anterior. Es además indispensable reequilibrar con la política fiscal la extravagante política monetaria del Banco Central, que simplemente no puede impedir la inflación externa con ajustes recesivos subiendo exageradamente la tasa de interés. Se debe evitar una explosión del desempleo y aliviar en una mayor magnitud la situación de las familias de menos ingresos afectadas por la inflación, que no se origina hoy en un exceso de demanda, y simultáneamente impulsar la inversión sostenible que contribuya a una mayor productividad en el largo plazo.
