Obligación de negociar

Era de esperar que el escenario político y legislativo en educación cambiara radicalmente con la llegada de la ministra Cubillos. Y cambios ha habido. Sin embargo, la interpretación de éstos elude al observador.

El gobierno anunció el inicio de un "segundo tiempo", en el cual se comenzarían a enviar los proyectos de ley más esenciales para el cumplimiento de su programa. En educación, uno de ellos ya está discutiéndose -el reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE)-, y pronto se enviará una segunda iniciativa sobre financiamiento para los niveles medios de educación parvularia. Ambos impulsos legislativos resultan esenciales, pero no solo a nivel programático: son necesidades urgentes y objetivas del sistema educacional. Respecto del CAE, resulta fundamental reemplazarlo por un sistema de créditos estudiantiles que se adapte mejor a las capacidades de restitución de los estudiantes y evite la intermediación de la banca, manteniendo el respeto por la autonomía económica de las instituciones y la capacidad de crecimiento y desarrollo del sistema hacia una mayor calidad. En relación a la subvención de educación parvularia, nuestras bajas cifras de cobertura en los niveles medios (48% versus el 71% de la OECD) hacen preciso una herramienta de financiamiento flexible y efectiva, que nos permita ponernos al día rápidamente y dar espacio a proyectos educativos nuevos e innovadores.

En paralelo, el Ministerio de Educación ha desarrollado una agenda relativamente independiente de lo anterior, con un marcado sello político y comunicacional. Sin duda el olfato, la precisión y la efectividad política de la ministra de Educación tiene a la oposición sorprendida. El despliegue comunicacional -tanto en el proyecto de "aula segura" como respecto de las denuncias sobre incumplimientos y atrasos en la construcción de jardines infantiles– golpearon fuerte y crisparon los ánimos de nuestros representantes del lado izquierdo. El proyecto sobre violencia los acorrala: la oposición no puede negarse a aprobar una iniciativa de seguridad que es de todo sentido común, pero sabe que ello la enemista con sectores radicales que ven en cualquier forma de expulsión de alumnos una eventual amenaza. El segundo los obliga a salir a la defensa de parte del legado de la administración anterior. Como toda obra, bajo examen cuidadoso puede hacer agua, lo que sus autores saben mejor que nadie. Y obviamente esto irrita y los pone a la defensiva.

Hasta el minuto, la estrategia del Mineduc ha sido sagaz y sumamente eficiente, la primera contraofensiva política en educación en al menos ocho años de permanente retirada y guerra de guerrillas. Sin perjuicio de ello, no se puede olvidar que el oficialismo no es mayoría en el Congreso, y que la tramitación de los proyectos de ley importantes -el reemplazo del CAE y la subvención a la educación parvularia- no será sencilla ni en lo técnico ni en lo político. Un escenario negativo, pero no imposible, es que la oposición reaccione al potente despliegue comunicacional endureciendo su postura frente a las iniciativas programáticas. Y el gobierno, a diferencia de Chile con Bolivia, tiene la obligación de negociar. Las necesidades del sistema educacional, donde deben concentrarse todos los esfuerzos por construir alternativas de política responsables y viables, podrían terminar pagando el costo de ofensivas comunicacionales que, si bien pueden calificarse como triunfos, son pasajeros. Y si esto es una externalidad negativa de alguna estrategia política, para la educación es mal negocio.