Por Pablo Paniagua, investigador senior de la Fundación para el Progreso
Han pasado casi ya diez meses desde una de las crisis sociales más graves que ha experimentado el país en su historia y sin duda la más difícil desde el regreso a la democracia. En este período se ha derramado una marea de tinta tratando de explicar y también, a ratos, de justificar el denominado “estallido social”, o el malestar en Chile que se hizo efectivo en muchas calles del país, con grandes y recurrentes manifestaciones y también con una inusitada marea de violencia, saqueos e intolerancia. No obstante, a pesar de aquel derrame de tinta y de los análisis hechos para explicar el fenómeno, pocos han puesto énfasis en el real proceso de deterioro del bienestar social y económico que han experimentado muchos chilenos en los últimos años. Esto es lamentable, ya que es probable que el malestar y la furia que se desbordó en octubre estén relacionados con este proceso de deterioro del bienestar económico y social en Chile.
Resulta al menos cuestionable que la mayoría de los intelectuales se hayan concentrado en la política -en particular en la supuesta ideología que rige nuestro modelo de desarrollo- y en el espectro de la desigualdad económica como los aparentes elementos que explican, por si solos, el “estallido social”. Paradigmático de un ejercicio burdo de ideología y de una superficialidad analítica pasmosa han sido los argumentos repetidos ad nausean con relación a que el fenómeno de octubre se explica simplemente por dos grandes elementos: 1) la desigualdad económica que supuestamente se ha incrementado con el paso del tiempo -al punto de resultar intolerable para la población- y 2) el supuesto imperio del modelo “neoliberal”, donde los ciudadanos quedan sometidos a las lógicas del mercado desregulado y el Estado se reduce al mínimo, encontrándose supeditado a un supuesto mercado metastático que se expande sin límites. Ambas consignas resultan ser falsas cuando son analizadas a la luz de la evidencia.
Con respecto a la desigualdad económica, la evidencia de hecho indica todo lo contrario: una lenta pero persistente reducción de la desigualdad económica. Los últimos informes realizados por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) indican, tanto el del 2017 como el del 2019, que la desigualdad en Chile de hecho ha disminuido considerablemente a lo largo del tiempo. Desde 1990, la desigualdad relativa de ingresos, medida tanto por el coeficiente de Gini como por el coeficiente de Palma, viene reduciéndose lenta pero persistentemente en las ultimas tres décadas (PNUD, 2017, 21). Más aún, si se miden por cohortes, la desigualdad de ingresos disminuye aún más en el tiempo. Al utilizar la encuesta Casen, otra investigación concluye que el índice Gini había disminuido considerablemente en 26 puntos entre las series 1992-2003 y 2000-2013 (Sapelli, 2016). Finalmente, si comparamos la desigualdad generada solo producto del mercado -es decir aquella desigualdad generada solo a través de ingresos por salario y rentas antes de impuestos y transferencias del Estado-, entonces la desigualdad en Chile es igual a la de Finlandia y Francia e incluso hasta menor que aquella del Reino Unido, España y Alemania. En síntesis, la desigualdad producto del mercado en Chile no ha aumentado de ninguna forma; lo que si ha ocurrido, es una lenta y paulatina mejora (reducción de la desigualdad) en el tiempo que sin duda podría haber sido aún mejor.
Con relación al supuesto imperio del modelo “neoliberal”, se ha argumentado que Chile es supuestamente la “Norcorea del capitalismo”; en donde impera el mercado desregulado y el Estado es reducido a su mínima expresión, quedando completamente supeditado a la tiranía del mercado. Esta supuesta “tiranía del capitalismo” hizo (argumentan algunos) que existiera un malestar social intolerable producto de la “opresión capitalista”. Pero todo lo anterior son meras frases vacías que no tienen relación alguna con la realidad que ha experimentado Chile en las ultimas dos décadas. Por ejemplo, el Estado de Chile ha crecido de forma exponencial en los últimos 20 años. Se estima que para el 2024 el Estado ya habrá multiplicado la deuda pública en más de diez veces su tamaño. Chile es el país con más ministerios de la OCDE (24 ministerios), al 2018, según estadísticas del INE, alcanzamos un millón de empleados públicos, con un crecimiento del número de funcionarios de un 26,3% en sólo cinco años. Muy lejos de aquella “Norcorea neoliberal” sin Estado que sugieren algunos.
Lo peor de todo, según un informe de la OCDE (2017), Chile es el país que posee la mayor complejidad en sus procesos regulatorios, y el sexto con más barreras legislativas al emprendimiento. El ranking Doing Business 2020 del Banco Mundial muestra que Chile está apenas en la posición 59 (de 190 países) en facilidades legales y regulativas para hacer negocios. La OCDE, en su informe del 2019 Corporate Tax Statistics, señala además que Chile es el segundo país -de 94 países del ranking- que más ha aumentado los impuestos a las empresas desde el 2000. De esta forma, Chile se convirtió en el segundo país con la tasa impositiva efectiva más alta de todo el grupo. Esto no se parece en nada al paraíso de la desregulación capitalista que supuestamente nos violenta y nos reprime. Difícilmente toda esta expansiva evidencia legislativa y burocrática se pueden asociar a un sistema “neoliberal desregularizado” en donde el Estado se empequeñece y está supuestamente supeditado al mercado.
Ahora bien, una vez despojados de aquellos falsos argumentos con relación al malestar social, podemos poner finalmente foco en la evidencia económica que sugiere que el “estallido social” de octubre del 2019 estuvo fuertemente relacionado con un importante deterioro del bienestar social y económico de los chilenos.
Ante todo, resulta importante señalar que el fenómeno de octubre ocurre paralelo a la peor década de desempeño económico que ha tenido Chile en los últimos treinta años. La época dorada de nuestro crecimiento económico (1990-1999) ocurrió hace ya más de dos décadas, y el país lleva ya años creciendo muy por debajo de lo necesario para sustentar un proceso modernizador. El promedio de crecimiento económico anual hasta el 2012 fue de un 5,2% y desde entonces ha disminuido sostenidamente. De hecho, esta última década (2010-2019) ha sido el decenio con el peor crecimiento económico promedio (3,3%) desde la década de los 70′ (2,5%); una desaceleración económica considerable.
Este mal desempeño económico coincide además con el fin del ciclo del “boom de los commodities” (2000-2015 aproximadamente) que sostenía el crecimiento de la mayoría de los países de América Latina. No por nada, el fin del boom económico en el continente coincide precisamente con el hecho de que en el 2018-2019 hubiera cerca de 15 países Latinoamericanos -tanto de derecha, como de izquierda- con protestas y manifestaciones violentas a lo largo de los años. Distintos intelectuales concuerdan en que la llamada “Primavera Latinoamericana” con sus olas de protestas y manifestaciones entre los años 2015-2019 mayoritariamente han sido manifestaciones anticorrupción, exacerbadas por la grave desaceleración económica del continente, que ha dejado a muchos países estancados e inmóviles en el bienestar social desde el 2015. Es difícil creer que lo ocurrido en Chile no sea también parte de una convergencia natural a dicho meta-proceso de deterioro del bienestar ocurrido en el continente.
Todo lo anterior pareciera ser confirmado por el último estudio titulado “Crisis de confianza en Chile, causas y proyección”, realizado por la consultora Pullen & Dockendorff y el académico de la Universidad Católica Sergio Godoy. Dicho estudio argumenta que el fenómeno de octubre del 2019 fue fuertemente incidido por un grave deterioro del bienestar social y económico, más que por factores políticos o ideológicos. El estudio argumenta que el bienestar social, revelado en tres variables: calidad de la educación, calidad de la salud, y confianza en la economía (o futuro económico del país) ayudarían a explicar el “estallido social”. Estos tres elementos sufrieron un fuerte acoplamiento negativo en febrero del 2019, junto a un grave deterioro de la confianza en las empresas. El estudio expone que la alineación negativa de estos factores (caída del bienestar social y baja confianza en las empresas) comenzó una tendencia de caída conjunta en febrero del 2019, que culminó con una baja sin precedentes de ambos indicadores y que finalmente “reventó” en octubre. Esta relación negativa a la baja de ambos factores, entre febrero y octubre, no se había experimentado nunca con tanta fuerza. Finalmente, el estudio sugiere que lo que realmente incidió de manera clave en el malestar fue el empeoramiento -principalmente de la visión de los sectores económicos más necesitados- en variables claves del bienestar, representando dificultades materiales en ámbitos del diario vivir expresadas en “angustia”, “pensiones”, “corrupción”, y “hambre”, esencialmente.
Si bien toda la evidencia presentada resulta aún preliminar -y mayores análisis son sin duda necesarios para hacer una aseveración- podríamos ya sugerir que la crisis de octubre pareciera no estar relacionada con una crisis de legitimidad del “modelo económico neoliberal” que supuestamente oprime al país, ni tampoco con una supuesta desigualdad económica descarnada y en aumento que finalmente resultó lacerante; sino que, más bien, lo vivido tendería a ser una manifestación de una crisis de bienestar social y económico de largo aliento, que se volvió aguda a mediados de la última década (2014-2019). Nuestra crisis de bienestar entonces pareciera ser el producto de una aciaga mezcla entre: una fuerte desaceleración económica, una grave desilusión continental producto del fin del boom de los commodities, y finalmente un persistente deterioro de la confianza en las empresas nacionales (los miserables abusos). Así, más que ser una crisis o derrumbe del “modelo neoliberal”, lo que estamos experimentando es un fuerte agotamiento de nuestro fugaz progreso, y las lamentables repercusiones de nuestra incapacidad de generar un rápido bienestar económico que se traduzca -paralelamente- en un efectivo bienestar social generalizado. El verdadero desafío de esta nueva década, que recién comienza, pareciera estar entonces ya planteado. ¿Haremos oídos sordos a la evidencia?
