Con una amplísima mayoría el Parlamento húngaro aprobó la 15ª enmienda a su Constitución que introduce severas restricciones a los derechos de las personas LGBTI+. Esta autoriza al gobierno a prohibir actos públicos organizados por estas comunidades, con la justificación de la protección del desarrollo físico, mental y espiritual de los niños.

Desde ahora, la Constitución húngara dispone que existen únicamente dos sexos: masculino y femenino, definidos por el sexo biológico al nacer. La principal consecuencia es que excluye legalmente a personas transgénero, intersexuales y no binarias. Por otro lado, la enmienda faculta a las autoridades a usar tecnología de reconocimiento facial para identificar a los asistentes a eventos que desafíen esta censura. Ello ha generado preocupaciones y manifestaciones por la afectación de derechos esenciales en toda democracia, como la privacidad, la libertad de reunión, la autonomía individual y la libertad de conciencia.

En la misma línea regresiva, el 20 de enero de 2025, el gobierno de Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.168 que establece que el gobierno federal solo reconoce el sexo masculino y femenino, determinados por el sexo asignado al nacer. En virtud de otras órdenes ha prohibido que personas transgénero sirvan en el ejército y ha eliminado las protecciones contra la discriminación en el acceso a servicios de salud. Las medidas evidencian cómo el Poder Ejecutivo puede usar su capacidad normativa para debilitar los derechos fundamentales sin necesidad de profundas reformas legislativas y sin contrapesos que lo impidan.

Por su parte, este mismo mes, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que la definición de “mujer” en la Ley de Igualdad de 2010 se refiere exclusivamente al sexo biológico femenino, excluyendo a las mujeres trans de esta categoría legal. Aunque el fallo subraya que las personas trans siguen protegidas contra la discriminación por cambio de género, limita su reconocimiento legal en ciertas áreas cubiertas por la ley. Este fallo marca un llamado de atención sobre cómo derechos ya reconocidos pueden ser interpretados regresivamente, incluso en democracias consolidadas.

¿Qué tienen en común estas decisiones? Responden al avance de movimientos políticos que han encontrado en la lucha contra los derechos de las diversidades sexuales un campo fértil para fortalecer su discurso de “defensa de los valores tradicionales” o “preservación del pluralismo”. La estrategia no es nueva, pero hoy encuentra eco en sociedades polarizadas, donde el miedo y la desconfianza son combustibles políticos. Invocar el pluralismo para negar derechos no es proteger la diversidad, es institucionalizar la exclusión.

Lo que ocurre en Hungría, en EE.UU. y, en otro registro, en el Reino Unido, interpela a todos quienes valoramos la democracia y la dignidad humana. Si los valores democráticos pueden retroceder allí, ¿qué impide que lo hagan aquí? La historia nos enseña que donde se niega el derecho de unos, pronto se niega el derecho de todos.

Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado