El proyecto de ley que reprograma y condona parcialmente el CAE y lo reemplaza por un nuevo instrumento llamado FES sigue su tramitación en la Cámara de Diputados. El gobierno puso a la Comisión de Educación en una situación absurda. Presiona a los parlamentarios oficialistas a tramitar un proyecto de gran complejidad y duramente criticado con urgencia suma, con tres sesiones por semana. Los diputados oficialistas entonces, defienden lo indefendible, porque conocen de primera fuente los errores que tiene. Los diputados de oposición introdujeron indicaciones para mejorarlo, en la línea de las críticas que el proyecto recibió, pero tampoco son aceptadas por el Ejecutivo. Este último confía en su mayoría y en la sumisión de sus parlamentarios, por lo que no hay cambios.

Los diputados oficialistas se están prestando para un espectáculo.

Primero, faltan a su deber de legislar. Aceptan sin crítica alguna un proyecto con fallas evidentes. Escucharon de los rectores de universidades estatales y privadas las críticas sobre el desfinanciamiento de las universidades de mayor calidad, al perder el copago. Seguro leyeron en la prensa los análisis de expertos sobre el inverosímil informe financiero del proyecto, que será más caro de lo que se propone y sus retornos serán menores. Se informaron, en base a un estudio de la Biblioteca del Congreso, que un 26,6% de los estudiantes que usen este beneficio pagarán más de lo que se les prestó (Harald Beyer estima en algunos casos, hasta 300% de sobre pago), convirtiendo el FES en un impuesto. Pero no hay respuesta.

Por otra parte, parlamentarios de reconocida formación e inteligencia decepcionan a la ciudadanía al simular que no entienden la gravedad de lo que están permitiendo avanzar. Se ha planteado con seriedad el problema de la “naturaleza jurídica” del FES. En términos técnicos, se trata de un impuesto o tributo, porque los beneficiarios no tienen una deuda, sino la obligación de enterar parte de sus ingresos futuros por un plazo de hasta 20 años. No se puede prepagar, y la tasa de interés la internaliza el Fisco. Es evidentemente un impuesto. Sin embargo, el gobierno lo niega, al igual que niega que sea un crédito. El problema es que la categoría inventada por el Ejecutivo (instrumento, herramienta) no existe, y, para todos los efectos legales y para la implementación del FES, aclarar si es un crédito o un impuesto es relevante. El gobierno da una respuesta de Cantinflas: “que no sea una cosa no implica que sea la otra”, lo que es curiosamente aceptado acríticamente por los parlamentarios oficialistas. No es aceptable que parlamentarios oficialistas serios suspendan su juicio para quedar bien con el Ejecutivo.

El gobierno no ha dado respuesta alguna a estas críticas. Solo devaneos, palabrería y promesas. Hasta que el ministro, en una acción tan franca como inédita, les notificó que no sería la Cámara de Diputados la instancia para mejorar este proyecto. Esta forma de pragmatismo desprestigia la labor legislativa, con la connivencia de los propios parlamentarios oficialistas.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar