Oportunidades ante el Acuerdo de La Araucanía

El gobierno dio a conocer esta semana el Acuerdo por La Araucanía, fruto de varios meses de diálogo con las comunidades mapuches. Se trata de uno de los cinco grandes acuerdos nacionales y que, ciertamente, era el que más dificultades presentaba dada la complejidad de temas que involucra.

Los síntomas de la crisis que ha vivido La Araucanía en el último tiempo son elocuentes. Es la región con mayores índices de pobreza del país -17,2% en contraste con el 8,6% a nivel nacional-, uno de los menores indicadores de competitividad y es frecuentemente objeto de atentados incendiarios, que en ocasiones incluso ha alcanzado connotación terrorista.

El plan que presentó el Ejecutivo incorpora una reforma constitucional para incluir el reconocimiento de los pueblos originarios –un viejo anhelo de las comunidades indígenas-, un programa de inversiones por US$ 24 mil millones, darle urgencia al proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Originarios, el establecimiento de cuotas mínimas para promover la participación de candidatos indígenas en las elecciones y la implementación de incentivos económicos a través de mayores reembolsos por cada voto obtenido por ellos . Además, se levantarán las restricciones que actualmente operan sobre las tierras indígenas, permitiendo ahora, por ejemplo, la posibilidad de que las comunidades puedan suscribir contratos de arriendo, entre otras disposiciones.

Sin duda es un gran avance el hecho de que por primera vez un gobierno decida dar respuestas concretas a demandas que por mucho tiempo fueron postergadas -o incluso ignoradas- por las autoridades de turno. Es encomiable que, además de su mirada integral, se fomenten instancias de participación y que se busque el apoyo y la reparación a las víctimas.

En contraste, el plan Araucanía contiene también elementos discutibles que son el reflejo de un patrón preocupante de la política chilena. La creación de otro ministerio -que deja al país solo por detrás de Venezuela y Brasil en la región- supone un gasto inoficioso para el aparataje público y con resultados dudosos, algo que por lo demás va en contra de las medidas de austeridad impulsadas por esta administración en el contexto de la severa estrechez fiscal. Por su parte, es preferible apuntar a programas de formación de nuevos líderes políticos en vez de la implementación de nuevas cuotas para la conformación de las candidaturas, ya que los primeros aseguran que los representantes de la ciudadanía serán escogidos por la calidad de sus propuestas, independiente de su etnia u otros factores menos relevantes, evitando distorsionar artificialmente la representación en el Congreso.

El reconocimiento constitucional propuesto en el plan puede ser un paso relevante, en particular por el alto simbolismo que ello conlleva, y porque es una manera de relevar la presencia de los pueblos originarios. Con todo, es importante que en esta nueva fase que se abre para buscar una solución a la cuestión indígena, se haga sobre bases genuinamente bilaterales, tal que si la sociedad opta por hacerse cargo de estas legítimas reivindicaciones, las comunidades indígenas también asuman el compromiso de no defraudar estas expectativas.