Por Guillermo Larraín, profesor, Universidad de Chile
Uno de los principales temas que aquejan a Chile hoy tiene que ver con la inseguridad y la delincuencia. Los niveles de miedo y violencia en el que viven grandes partes de la zona sur de Santiago son intolerables.
En parte por esto ha surgido la idea de reformar o refundar Carabineros. Se ha hablado de mejorar su entrenamiento y del desarrollo de actividades de inteligencia. La disposición geográfica de las fuerzas policiales es muy desigual y la dotación de personal de Carabineros en Puente Alto, La Florida o La Pintana dista de ser la que corresponde. Es verdad que a todos nos convendría que el Estado tenga el monopolio del uso de la fuerza, en la medida que ello ocurra en forma racional, proporcional y justificada, características que no son las que más recordamos de Carabineros en los últimos dos años.
La optimización del uso de la fuerza pública no debe llevarnos a cometer un error garrafal: pensar que la nueva Constitución debe consolidar una suerte de estado policial represor. Es crucial discutir formas integrales de prevención de delitos.
El problema es que las actividades económicas lícitas bien remuneradas son pocas comparado con las posibilidades que ofrecen ciertas actividades delictuales. Si bien esto puede corregirse haciendo más probable la detención del delincuente, quiero enfatizar la importancia de las oportunidades de ingreso de fuentes lícitas.
El modelo económico debe proveer incentivos para que las chilenas y chilenos puedan desarrollar sus planes de vida dignamente. Se trata de generar condiciones de alta empleabilidad y niveles de salario real elevados. Asimismo, quienes quieran tomar riesgos empresariales deben encontrar las condiciones institucionales y financieras adecuadas. Como hay muchas formas de emprender, cada persona debe poder hacerlo en la forma que mejor le acomode. Estas oportunidades para personas y empresas hay que construirlas, no aparecen por generación espontánea.
Requerimos políticas que difieren de algunas de las que se han implementado en Chile en las últimas décadas. En particular, el concepto de prevención entra en conflicto con la noción de subsidiariedad imperante al día de hoy. En efecto, según la visión neoliberal de la subsidiariedad, el Estado tiene que hacer aquellas cosas que los privados no pueden. Tomado al pie de la letra, esto supone políticas públicas incapaces de prevenir, sino solo con capacidad de remediar y reprimir. Si de prevenir se trata, es necesario que el Estado tenga políticas que promuevan mejores empleos; un desarrollo geográfico más homogéneo, interrelaciones más intensas entre empresas grandes y pequeñas y un rol protagónico en garantizar a los más pequeños acceso leal a los mercados. Es decir, un Estado inteligente, más activo y pragmático que el actual.
