Por Carlos Meléndez, académico UDP y COES
Las relevaciones de los Pandora Papers han llevado a dos presidentes sudamericanos a estar contra las cuerdas. La acusación constitucional contra Sebastián Piñera no tuvo los votos en el Senado, mientras que la oposición ecuatoriana -dominada por el correísmo- no consigue el respaldo (en el Legislativo y en las calles) para precipitar el descalabro de Guillermo Lasso, un Presidente sin mayoría parlamentaria. Mientras tanto, en Perú, Pedro Castillo, con cien días en Palacio de Pizarro, sigue sin poder conformar un gobierno solvente y enfrenta una oposición que empieza a levantar la voz con la amenaza de una vacancia presidencial. En Brasil, Jair Bolsonaro sigue acumulando pedidos de impeachment que se estrellan con la Cámara y el Senado, a pesar de que la medida cuenta con un apoyo del 56% (según Datafolha). ¿Qué viene sucediendo en el vecindario que los presidentes -populares o no- sufren arremetidas de intentos de destitución anticipada en su contra?
Idealmente, en sistemas presidencialistas, los mandatarios saben que tener mayorías parlamentarias, les protege de potenciales caídas. Si las cifras electorales lo permiten, un Presidente escudado en el Legislativo puede sortear crisis sociales -y económicas- mayores (con incluso bajos niveles de popularidad y protesta social álgida). Piñera es el mejor ejemplo de ello. Los problemas más serios suelen darse en escenarios de gobierno dividido (cuando la oposición controla el Legislativo) y, por lo tanto, ésta puede articular con la calle movilizada y la opinión pública en contra para desequilibrar al Ejecutivo. Conscientes de ello, los presidentes con minorías congresales tienen que forjarse alianzas con asociados ideológicos o simplemente con negociaciones pragmáticas. Es así que Bolsonaro ha logrado sobrevivir a pesar de su populismo extremo. Lasso y Castillo tienen situaciones apremiantes porque sus partidos son minoritarios y dependen demasiado de aliados circunstanciales. Les espera una larga travesía en medio de las tempestades políticas andinas.
Las oposiciones tienen una gama de incentivos para forzar caídas presidenciales anticipadas. El caso brasileño actual ejemplifica una reacción justificada ante impulsos totalitarios. Pero en otros casos prima una vocación destituyente. Escenarios electorales de polarización ideológica pueden encontrar en la batalla Ejecutivo-Legislativo la continuidad del conflicto, al punto de socavar las bases de la institucionalidad. Parecen ser los casos de Ecuador y Perú. En cambio, el incentivo de la oposición chilena, aunque también ideológico, tiene una connotación de sanción moral. Los reflejos institucionales de los actores chilenos, empero, han prevenido una hasta ahora inédita acusación constitucional presidencial exitosa, a pesar de los dos intentos fallidos. La pregunta es qué tipo de diseños institucionales pueden adoptar los presidencialismos para evitar que los mecanismos de accountability se conviertan en instrumentos que pueden devenir en la utilización caprichosa de opositores desleales. ¿O dependemos exclusivamente de la vocación cooperativa de los actores y de sus visiones de futuro?
