Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) U. del Desarrollo
Más allá de las opiniones de los críticos a la gestión fiscal del gobierno durante la pandemia, lo que muestran los datos duros configura una realidad indesmentible: de acuerdo a las cifras publicadas por el FMI (Fiscal Monitor) con información a diciembre pasado, Chile se encuentra entre las economías emergentes que ha realizado un mayor esfuerzo fiscal (considerando gasto adicional, ingresos sacrificados, préstamos y garantías). Si a los datos a esa fecha se suman los anuncios más recientes, el total de recursos movilizados estaría superando el 12% del PIB, lo cual da cuenta de un esfuerzo considerable.
A estas alturas ya hay bastante consenso en cuanto a que lo anterior ha sido posible gracias a la disciplina fiscal que como norma general prevaleció en las últimas décadas. Sin embargo, las circunstancias especiales derivadas de la pandemia han cambiado el cuadro en forma drástica, lo que se ha traducido en una fuerte disminución en el saldo de los fondos soberanos previamente acumulados y en un aumento en el nivel de endeudamiento público significativo. Es importante recordar que en el año 2007 la deuda pública como proporción del PIB era inferior a 5%, luego empezó a incrementarse en forma paulatina hasta llegar al 15% en 2015, subiendo en los años siguientes hasta 25% el 2018, cerrando el 2020 con un nivel de deuda equivalente al 33% del PIB y con proyecciones que la ubicarían por encima de 45% hacia el año 2022. No deberían ser motivo de sorpresa, por tanto, las acciones que han venido tomando las agencias clasificadoras de riesgo durante el último tiempo. La última de ellas tomó su decisión la semana pasada, argumentando una marcada erosión de las finanzas públicas durante la última década, la cual quedará debilitada una vez pasada la pandemia.
Ahora más que nunca, de cara a la discusión constitucional que se avecina, se hace necesario retomar un ancla en la política fiscal, que trace nuevamente los bordes de la cancha, que se han visto completamente desdibujados en los últimos años. El ministro Cerda ha hecho bien en solicitar al Consejo Fiscal Autónomo que presente una propuesta para una nueva regla, que para efectos de determinar el nivel de gasto no solo considere los ingresos estructurales proyectados para el mediano y largo plazo, sino que también incluya como variable de decisión el nivel de endeudamiento, y que incorpore explícitamente las circunstancias bajo las cuales se justificaría abandonar la regla en forma transitoria. Adicionalmente, el principio de la responsabilidad fiscal debería quedar incluido en la Carta Fundamental, ya que sin un marco de referencia claro y sin financiamiento la incorporación de nuevos derechos sociales carecerá de sentido, convirtiéndose en letra muerta y generando frustraciones adicionales en la ciudadanía.
