Ordenando el gasto público

Por Rafael Rodríguez, jefe de área estudios y desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo

Debido a la estrechez fiscal en que vivimos y viviremos durante años, el debate sobre el buen uso de los recursos públicos se ha intensificado. La promoción de un presupuesto fiscal de base 0 (ajustado), la creación de un comité asesor para el gasto público y el esfuerzo de Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social del MDSF por evaluar de manera conjunta el foco y la eficiencia de más de 600 programas, son todas iniciativas que buscan lograr una mejor eficiencia y efectividad del gasto.

También desde la sociedad civil nos hemos sumado, y cada vez somos más las organizaciones comprometidas con una definición clara y objetiva de los resultados que se buscan lograr, con el monitoreo y evaluación de estos, con la transparencia de los gastos y con la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados.

Por ejemplo, los modelos de pago por resultados, los estudios que analizan la calidad del gasto público, la incorporación de políticas de transparencia y la promoción de mejores leyes de donaciones, son también esfuerzos en la misma línea.

Pero, a pesar del interés compartido del Estado con la sociedad civil, las brechas en materias de eficiencia, efectividad y transparencia en el uso de recursos, son escandalosas. Por ejemplo, el que un 65% de los programas evaluados por Dipres (EPG) este 2020 tengan un desempeño insuficiente y que a ninguno de los programas mal evaluados se les haya quitado financiamiento durante los últimos 10 años es muy preocupante, porque demuestra que, si bien hay interés en mejorar, a la hora de racionalizar o de reorientar gastos, todavía no existe suficiente músculo para lograrlo.

Asimismo, que se haya identificado una superposición de programas sociales con el mismo foco y que se siga fomentando el pago solo por procesos en la inmensa mayoría de los programas sociales, son parte de las situaciones que debemos cambiar. Esperemos que el interés por hacer las cosas mejor no sea torpedeado por los intereses de quienes reciben financiamiento para programas, a pesar de no lograr resultados positivos en sus beneficiarios. Es decir, que se sigan manteniendo las condiciones estructurales que permiten beneficiar a personas o grupos particulares y no a la sociedad en su conjunto.