SEÑOR DIRECTOR:
Esta semana se dio a conocer una encuesta aplicada a 140 organizaciones de la sociedad civil (OSC) que refleja un grave deterioro en la relación entre estas entidades y el Estado, producto del impacto del caso Convenios. El 60% de las OSC ha visto reducidos sus ingresos, por lo que una de cada dos ha debido reducir o detener la implementación de programas, dejando a miles de beneficiarios -como niños, adultos mayores y personas en situación de calle- sin atención.
Esta situación evidencia la necesidad urgente de abordar los problemas estructurales en la relación entre el Estado y las OSC. Precisamente por este motivo, en 2023 se creó la comisión asesora ministerial para regular dicha relación, tras el mal uso de recursos públicos por parte de un grupo reducido de instituciones. Una de nuestras principales recomendaciones fue la creación de un marco normativo claro para regular las transferencias de recursos públicos a las OSC, proyecto de ley que hasta hoy no ha tenido una sola sesión de discusión. Hoy reiteramos esa necesidad, subrayando la urgencia de reconstruir la confianza, con medidas que equilibren la supervisión y la flexibilidad operativa con medidas de transparencia y rendición de cuentas, para que los hechos de pocos no terminen asfixiando a miles de organizaciones honestas que son esenciales para el bienestar social.
En la discusión actual se están estableciendo requisitos cada vez más complejos para las transferencias a las OSC, lo que podría terminar atando de manos a estas organizaciones, restringiendo su capacidad operativa. Si bien es clave que hayan exigencias que garanticen el buen uso de los recursos, pasar de una subregulación a una sobreburocratización puede terminar forzando a muchas a cerrar sus puertas, dejando a la deriva a miles de personas que dependen de sus programas y servicios. Debemos actuar con urgencia para salvar a quienes dedican sus esfuerzos al servicio público.
María Jaraquemada
Francisco Agüero
Ignacio Irarrázaval
Ramiro Mendoza
Jeannette von Wolfersdorff
