Organizaciones políticas en la nueva Constitución
Por Isabel Castillo, UC, COES y Red de Politólogas; y Rodolfo Disi, UCT y COES
Los procesos constituyentes se mueven en el difícil equilibrio de elaborar un texto que supere la coyuntura y se proyecte por varias décadas, pero que a la vez responda al contexto inmediato que le dio origen (y que en parte se refleja en la composición de la Convención). El diseño institucional que se discute en la Comisión de Sistema Político claramente refleja esta tensión.
Aquí nos referiremos en particular a la discusión sobre partidos políticos y representación, la que ha sido opacada por el debate del uni/bicameralismo, pero que es tal vez más crucial. En efecto, más que centrarse en conflictos entre instituciones del Estado, la Ciencia Política nacional viene advirtiendo desde hace varios años que en Chile hay una crisis de representación.
En materia de organizaciones políticas, la alta presencia de independientes y la sensación de hastío con un sistema que ha devenido en elitista y poco representativo, han llevado a incluir en la propuesta de la Comisión la constitución de movimientos político-sociales con la idea de que podrían oxigenar el sistema. Aunque aún no ha pasado por el pleno, la propuesta considera en igualdad a movimientos y partidos políticos, pudiendo los primeros constituirse en cualquier nivel (municipal, regional o nacional), mientras que los partidos deben ser regionales o nacionales, relajando los requisitos respecto a la situación actual (hoy se requiere que los partidos se constituyan en ocho regiones o tres contiguas).
Aunque el propósito de sus proponentes es mejorar la representación, ello podría acarrear una serie de efectos no deseados. Las experiencias de los movimientos políticos en Ecuador y de los movimientos regionales en Perú ilustran cómo la competencia electoral a través de movimientos dificulta la representación.
Fragmentación, volatilidad electoral y desinstitucionalización son algunos de los problemas asociados a las organizaciones que en la práctica raramente se proyectan en el tiempo. El alcance reducido de los movimientos, además, imposibilita la agregación de demandas locales a nivel nacional. El aumento de costos de acuerdos al tener que negociar entre más partes -y entre partes más inexperimentadas al restringir la reelección a un único período- y el auge de personalismos y caudillismos, no solucionan el desencanto ciudadano, sino que puede terminar agravándolo.
Las instituciones no determinan comportamientos, pero sí generan ciertos incentivos que los moldean. Si los partidos deben, en teoría, coordinar a los políticos y agregar las demandas ciudadanas, la propuesta podría degradar aún más la representación democrática. Las reformas deberían ir en la dirección de fortalecer la representación a través de los partidos, con medidas que mejoren su gobernanza interna, rendición de cuentas y la participación en los mismos.
