SEÑOR DIRECTOR:
La frustrada compra de la casa que perteneció al Presidente Salvador Allende ha servido para poner atención en otros aspectos de las inhabilidades y prohibiciones que pesan sobre los congresistas y ministros de Estado, que son vulneradas con habitualidad sin que nadie diga nada, ni tampoco pase nada.
Así, por ejemplo, prescribe el artículo 60 de la Carta Fundamental que cesará en el cargo el diputado o senador que “(…) actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión de empleos públicos”, “(…) que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales en favor o en representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales”, 0 “(…) que actúe o intervenga en actividades estudiantiles”. Agrega este precepto, que también cesará en el cargo el diputado o senador “(…) que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral”.
Sólo una mirada hipócrita y mentirosa podría negar que es corriente que congresistas y dirigentes políticos gestionen y consigan empleos públicos para los militantes de sus partidos, que se involucren activamente en conflictos de carácter sindical, que influyan a veces orgánicamente en movilizaciones estudiantiles, o que desplieguen un enrevesado manto de opacidad en las rendiciones de sus gastos electorales.
Una fractura moral muy aguda y severa subyace al estamento político de nuestro país, que lo coloca a una distancia sideral de las vicisitudes, anhelos y esperanzas de la ciudadanía, y que está sofocando las energías espirituales de nuestra convivencia.
Gustavo Adolfo Cárdenas O.
Abogado
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.