Otro mito

Las economías sociales de mercado admiten una amplia gama de arreglos institucionales específicos que incluyen aquellos adoptados por Chile, por Nueva Zelanda, y por Suecia. A pesar de que hay diferencias no menores en los niveles de los ingresos por persona promedios en los tres países citados, todos son considerados oficialmente de ingresos altos. Se diferencian en sus resultados, entre otros, por sus distribuciones del ingreso, que en Chile es notoriamente más desigual.

La ficción es que Chile podría haber acercado sus indicadores de distribución de la renta a los de Nueva Zelanda y Suecia sin haber afectado su tasa de crecimiento económica y sin haber reducido sus niveles de pobreza de ingreso. Si eso hubiese sucedido estaríamos en presencia de un cuasi milagro.

La economía social de mercado admite variantes y éstas dependerán del contexto en que se encuentran los países y de los objetivos que se propongan. En los años 1970, Chile tuvo una economía relativamente estancada, con altos niveles de pobreza y una históricamente desigual distribución del ingreso (un Gini de tendencia de aprox. 0,5). Se optó entonces por privilegiar el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, y la focalización del entonces escaso gasto social en las personas de menores ingresos,

La opción por la reducción de la pobreza se tomó principalmente porque se consideró que era la forma más eficaz de propender al bien común. Es la pobreza la que impide que las personas se puedan realizar plenamente y no el hecho que unos tengan más y otros menos.

El método más seguro de reducción de la pobreza es el crecimiento económico. En efecto, estudios internacionales (ver Dollar y Kraay, 2002 y Kraay, 2006), como las investigaciones locales (ver trabajos de Osvaldo Larrañaga), sugieren que a mediano y largo plazo el crecimiento aporta significativamente más a la reducción de la pobreza que la redistribución de los ingresos.

Redistribuir tiene costos en términos de la eficiencia en la asignación de los recursos, de la reducción de los incentivos para el crecimiento económico, y por ende, en la disminución de la pobreza. No hacerlo puede tener también inconvenientes, entre otros los que experimentamos desde octubre.

En Chile -como consecuencia de la evolución del sistema político a partir de 1990 y a medida que se tuvo éxito en la lucha contra la pobreza- fue aumentando la presión a favor de medidas redistributivas que benefician a la clase media. Tales presiones son perfectamente lícitas si se realizan respetando el estado de derecho. No obstante, los que ejercen tales presiones debieran tener conciencia -y muchísimos no la tienen- de que es un mito que la redistribución no tiene importantes costos en términos de crecimiento económico y de reducción de la pobreza.