Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Facultad de Derecho, U. de Chile
Franz Kafka en su obra “El Castillo” recoge de manera excepcional la violencia propia de la burocracia. Así, retrata cómo se estructura la relación entre los habitantes de una aldea y su administración: una vida basada en jerarquías y funciones que lo impregnan todo. El poder burocrático convierte la existencia del protagonista K., en algo absurdo. Sin embargo los habitantes de la aldea aceptan el sinsentido como algo propio de su sistema de gobernanza, al punto que incluso lo que puede considerarse errado es parte de su eficacia.
La bochornosa escena de futbolistas argentinos sometidos a un engorroso trámite de ingreso a Chile en Calama, y la larga fila de camiones bloqueando el Paso Libertadores que obligó al gobierno a disponer solo un testeo aleatorio en ese lugar, reveló una vez más la dimensión kafkiana de las reglas para el manejo de la pandemia y el daño que ellas hacen a la confianza ciudadana en las mismas.
Parece un capricho sin asidero científico el insistir en estas normas en medio de la masiva circulación comunitaria del virus y la evidencia internacional que tiende a flexibilizar -o incluso eliminar- las reglas en lugar de endurecerlas. Es una paradoja que en medio de una crisis migratoria desbordada, el control de fronteras chileno en su ámbito sanitario, no tenga casi parangón en el mundo. El celo en uno y otro caso difieren. Ni Europa ni EE.UU. ni el resto de los países latinoamericanos lo aplican. Se trata de una instancia burocrática carente de racionalidad que solo alimenta de trámites y funcionarios el ingreso a Chile y que amenaza con persistir en el tiempo del mismo modo en que hace décadas se implementó el estricto control del SAG por la presencia de la hoy erradicada mosca de la fruta. Pese a los años el control fitosanitario subsiste y un verdadero cardumen de funcionarios se parapeta en una pantalla que escanea maletas. El exceso de personal es evidente.
En otras palabras, una medida que pudo tener justificación inicial hoy se mantiene por razones cotidianas, políticas y banales, sin que responda a una real necesidad sanitaria. El control de PCR al ingreso a Chile se transformó en una fuente laboral para muchas personas que a estas alturas podrían reforzar otras necesidades más urgentes, en lugar de desempeñarse como irascibles comisarios que disponen en forma casi arbitraria las facilidades de ingreso al país.
Se trata sin lugar a dudas de un caso de violencia burocrática que se ejerce sobre los ciudadanos. Si bien son medidas que integran un conjunto de estrategias en el marco de la legalidad, en apariencia eficaces por haber sido interiorizadas y toleradas por la ciudadanía con ocasión de la pandemia, ello no las legitima. En palabras de K., “no quiero ninguna gratificación del castillo, sino que se reconozcan mis derechos”.
