Por Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia
La evidencia muestra que el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la información y transparencia a nivel municipal es altamente beneficiosa, dado el rol fundamental que estas entidades tienen ante la ciudadanía como “puerta de entrada” en su relación con el Estado, cuestión trascendente dada la crisis de confianza que atravesamos.
Las muninicipalidades, acorde a datos de la Encuesta Nacional de Transparencia de nuestro Consejo, reciben gran cantidad de solicitudes de información, muchas de ellas asociadas a temas sensibles para la ciudadanía. Por ejemplo, acorde a dicho sondeo, un 32% de los encuestados declaró haber pedido información sobre beneficios y subsidios y un 10% sobre el Registro Social de Hogares para su actualización.
En materia de control social y prevención de la corrupción, en tanto, hemos conocido en el último tiempo diversos casos de irregularidades a nivel municipal, sin distinciones de tendencia política, que muestran algunas de las debilidades en materia de transparencia, como arbitrariedad en la toma de decisiones, dilapidación de recursos, entre otras.
Efectivamente, en relación a prácticas irregulares en licitaciones y compras públicas, debe izarse una bandera roja que alerte a autoridades de diversas instituciones y ámbitos. Aquí se evidencian opacidades que se complejizaron a partir de la crisis por Covid-19 y del alza de adquisiciones y tratos directos para palear las necesidades de las personas.
Un paso para elevar estándares de probidad y reconstruir confianzas, es avanzar en materia de transparencia en compras públicas, proyecto de ley actualmente en trámite, que ayude en la identificación de irregularidades de manera coordinada, con miras a la construcción de un ecosistema de transparencia e integridad.
Otra línea de trabajo es el acompañamiento a autoridades que buscan implementar mejoras en su administración, instalando a la transparencia como un sello de su quehacer, incluso, avanzando más allá de las obligaciones legales.
De cara a la instalación de alcaldes y alcaldesas, el Consejo para la Transparencia activará su proyecto Laboratorio de Integridad, que a partir de intervenciones específicas busca diseñar -en conjunto con los municipios- políticas y procesos institucionales que puedan generar alto valor público y reducir espacios de opacidad, a partir de la promoción de buenas prácticas, de colaboración y de mejores mecanismos de transparencia, probidad y acceso a la información en sus funciones.
Nos asiste la convicción de que la voluntad de las autoridades municipales, la participación de una ciudadanía activa y el desarrollo de este tipo de iniciativas innovadoras, pueden aportar al fortalecimiento de la institucionalidad a nivel local.
