Por Rodrigo Mora, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile; y Giovanni Vecchio, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica; investigadores Cedeus
Se acaba de publicar uno de los reglamentos pendientes de la Ley de Convivencia Vial (LCV), que tiene como objetivo complementar lo enunciado en 2018 en la Ley, para (supuestamente) mejorar la construcción y operación de las ciclovías en todo Chile.
La redacción de este reglamento contó inicialmente con la activa participación de la sociedad civil y expertos, quienes buscaron agilizar la tramitación de permisos para la construcción de ciclovías para fomentar el uso de la bicicleta. Mientras el Ministerio de Transportes se centraba casi exclusivamente en la seguridad vial, la sociedad civil trató de acercar a Chile a la tendencia de diversas ciudad y países en todo el mundo: construir infraestructura para bicicletas de manera rápida, quitándole espacio al auto para enfrentar tanto la pandemia del Covid-19 como la emergencia climática actual, que requiere un cambio de nuestros modos de vida de manera urgente.
Sin embargo, la respuesta del Ministerio ha sido ignorar la mayor parte de las sugerencias de la sociedad civil y de la mesa técnica constituida especialmente para ello, dándole énfasis solo a la seguridad vial. Incluso, han hecho caso omiso a los discursos oficiales de la propia Política Nacional de Desarrollo Urbano, la que incentiva el uso de la bicicleta y la caminata, ya que el nuevo reglamento pone más trabas al uso de la bicicleta en la ciudad y hace más difícil la aprobación de proyectos de ciclovías.
Un ejemplo de estas trabas es la elevación de los requisitos de diseño de las ciclovías a niveles que dificultan su construcción, ya que se imponen dimensiones más anchas de las necesarias y dificulta aún más que los municipios puedan construir redes de ciclovías dentro de sus límites. Además, los criterios de construcción de ciclovías protegen los estacionamientos de autos, en lugar de eliminarlos. Adicionalmente, el reglamento obliga a los ciclistas a contar con elementos de seguridad (luces, chalecos reflectantes y “aparatos sonoros”) que no siempre son eficaces: contra un conductor distraído, ¿qué puede lograr el timbre de una bicicleta con su “sonido de intensidad moderada”, frente al ruido de un automóvil?
Con su voluntad de no afectar al auto, el Ministerio está renegando su función de proteger a ciclistas y peatones. Esto se refleja en el requisito para determinar el grado de segregación de las ciclovías a partir de la utilización de elementos físicos o visuales para separar las bicicletas y el tráfico motorizado: en vez de considerar la velocidad a que deberían circular los autos, se considera la velocidad a que circulan en realidad los autos, admitiendo que los automóviles circulan a velocidades más altas de lo permitido y renunciando a fiscalizar las infracciones. Con esto, el Ministerio se limita a tomar nota del problema de la velocidad y renuncia a proteger a las categorías más débiles (los peatones y los ciclistas).
“Obras son amores” reza el dicho; donde pones tus acciones, colocas tus voluntades. La voluntad del Ministerio del Transporte y Telecomunicaciones en estos años ha sido una: privilegiar el auto por sobre los modos activos, ignorando todas las recomendaciones y tendencias internacionales, e, incluso, yendo en contra de la propia Política Nacional de Desarrollo Urbano. Dicho de otra forma, para mis amigos los conductores, todo; para mis enemigos, ciclistas y peatones, el reglamento.
