Por Fernando Atria, presidente de Fuerza Común
Hace un año, y después de más de una década de diversas y crecientes protestas y manifestaciones contra la educación de mercado, la decadencia de la educación pública, las AFP, el estado de la salud pública, la mercantilización de los derechos sociales, la situación postergada de las mujeres y la invisibilidad de la violencia que sufren, el desconocimiento y la represión de los pueblos originarios, la depredación medioambiental, la Constitución tramposa y tanto, tanto más; después de muchos acuerdos de manos alzadas, de una y otra celebración de soluciones que a poco andar se develaban como más-de-lo-mismo, de reformas que anunciaban transformaciones pero que no transformaban, de legislación dictada para beneficiar al poder económico, de promesas de participación “incidente” que terminaban en la repetición de la repetición, de clases de ética y perdonazos tributarios; después de que nos dijeran tantas veces que había que levantarse más temprano, que los consultorios eran usados para hacer vida social, que había que comprar flores porque estaban baratas, que esto no prendió, cabros…, Chile despertó.
Al despertar, desahució la Constitución y la política que ella creó. Y menos de un mes después esa energía adquirió una dirección constituyente. Ahora hay quienes quieren convencernos de que la Constitución no tenía nada que ver con el 18 de octubre. Que los abusos se solucionarán si “los políticos” “hacen la pega”, y que para eso la solución es… dejar todo exactamente tal como estaba el 17 de octubre, cuando Chile era un oasis.
Claro que no. Sabemos que no. Sabemos también que la nueva Constitución no es una condición suficiente para la superación de esos problemas, pero si una condición necesaria. Porque esta Constitución nos obliga a hacer lo que Jaime Guzmán anhelaría, y así nos priva del poder de decidir. Sabemos que da lo mismo que cientos de miles de personas marchemos contra las AFP, ellas ni siquiera necesitaron enterarse, y continuaron haciendo sus fiestas en el Caribe para sus gerentes pagadas con nuestras comisiones.
Una nueva Constitución no soluciona todos los problemas, pero sí uno de ellos: nos devuelve el poder de decidir, el control sobre nuestro destino, cuyo nombre usual es “democracia”. El poder de decidir, por ejemplo, si las AFP seguirán existiendo. Lo hará creando una política institucional que pueda actuar con eficacia, de modo que, si decidimos terminar con las AFP, ella, actuando en nuestra representación, las elimine. La debilidad de la política constituida por la Constitución vigente es la medida del poder que como ciudadanos no tenemos, el poder que la Constitución nos expropió. Su evidente deslegitimación es nuestra conciencia de esa expropiación y la exigencia de restitución. Es la exigencia de volver a ser un pueblo, para encargarnos de que vivir, como ha dicho nuestra Nona Fernández, valga la pena.
