Para un acuerdo político creíble y duradero

Creo que hay razones para estar cautelosamente optimistas respecto a un posible acuerdo que reforme el sistema de pensiones. Se trata de mejorar las pensiones hoy, y crear las condiciones para mejores pensiones en el futuro, manteniendo la sostenibilidad financiera del sistema como un todo. Sabemos que la PBS y APS se financian con impuestos generales, y que el compromiso ya es importante, alcanzado cerca del 3% del PIB después de los aumentos aprobados recientemente.

En el centro de la propuesta que se discute en el Senado está una nueva cotización del 6% de los salarios a cargo del empleador, y sin tope. Este 6% se destinaría a un fondo de ahorro colectivo, que registraría los aportes mensuales de cada trabajador. Cada depósito incrementaría una cuenta nocional en 4% del salario individual más 2% del salario promedio. Esto significa que cada depósito contribuye al ahorro individual y produce una redistribución de ahorros desde los contribuyentes de ingresos altos hacia los de ingresos bajos, según la distancia de cada contribuyente respecto al promedio.

Inicialmente, las contribuciones al fondo de ahorro colectivo se destinarían a mejorar las pensiones de los actuales pensionados y a entregar la garantía solidaria a nuevos pensionados con pocos aportes al nuevo programa. Por esta razón, el programa tiene déficits en los primeros dos años, para lo cual se contempla un “préstamo” desde el Fisco. Esto refleja la magnitud del problema de las bajas pensiones de hoy, pero también sugiere que el esfuerzo distributivo se puede financiar con impuestos generales.

Se estima que el fondo colectivo generaría ahorros netos a partir del tercer año en funcionamiento. Las tasas de retorno del ahorro colectivo no debieran ser diferentes del promedio de las tasas de retorno de los ahorros en las AFP. Sin embargo, la tasa de retorno nocional sobre la cual se calculan los beneficios será menor, dado que parte del fondo sería destinado a pagos de garantías. La propuesta implica que los ahorrantes entregan el 6% a las autoridades y, a cambio, ellas prometen manejar estos fondos con un mandato de maximizar rentabilidad de largo plazo, y entregar beneficios. Las pensiones dependerán de las contribuciones nocionales, los ahorros del 10%, la APS, y un nuevo beneficio que eleva las pensiones de las mujeres. En su totalidad, las pensiones tendrían una garantía mínima que crece con los años cotizados, alcanzando un máximo con 30 años de contribuciones.

Los nuevos beneficios pueden ser financiados con los aportes adicionales, de acuerdo con el modelo de pensiones que utiliza Dipres.

Se propone que los ahorros colectivos estén manejados por una entidad con gobierno corporativo fuerte, independiente del ciclo político. Lo paradójico es que Chile ya cuenta con instituciones con mandatos claros, que han cumplido lo que se les ha encomendado. Las administradoras de pensiones (AFP) han obtenido altos retornos para los ahorros; la Superintendencia de Pensiones ha mantenido la transparencia del sistema y velado por la protección de los intereses de aportantes y pensionados; la Subsecretaría de Pensiones, el Consejo Consultivo Previsional y la Dipres, han seguido de cerca los resultados de las reglas del sistema para las pensiones de los afiliados y para el presupuesto.

El problema no ha estado en las instituciones con mandatos claros (AFP) sino en los políticos, que en última instancia tienen el poder de cambiar las reglas establecidas en la ley. Hasta ahora, ellos han podido acordar aumentos en beneficios, pero han postergado los cambios que hubieran ayudado a mejorar los ahorros. Esta vez hay acuerdo en un aumento significativo en contribuciones, 60% por sobre lo que teníamos, lo cual necesariamente aumenta los beneficios. Pero este esfuerzo no va a detener el aumento en las expectativas de vida.

Dada la seriedad de la propuesta, me sorprende que, a sabiendas de que el factor clave que afecta la sostenibilidad del sistema de pensiones es el envejecimiento de la población, no proponga indexar la edad de pensión a la expectativa de vida. Debemos recordar que dos factores son mayoritariamente responsables por las bajas pensiones; el aumento en la tasa de sobrevivencia; y las lagunas o subcotización en los aportes. La propuesta supone que las lagunas se mantienen, lo que implica que cualquier esfuerzo por conseguir reducirlas mejora las perspectivas del sistema. Sin embargo, la sostenibilidad financiera de esta propuesta quedaría mejor asegurada si la edad de pensión fuera una función de la esperanza de vida y no quedara fija en 65 años.

-La autora es economista y consejera de políticas públicas de LyD