Pastelero a tus pasteles

Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom

El tan enredado panorama social, sanitario y político chileno hace que las cosas se confundan en términos inaceptables para nuestra convivencia. Es legítimo que el gobierno se haya decidido a imponer el estado de excepción para enfrentar de la mejor manera la pandemia, con toque de queda incluido. No es legítimo que el gobierno, ni nadie del oficialismo, quiera aprovechar dicho estado de excepción como “herramienta” para enfrentar la protesta social. Y es que, en el mismo momento en que se perciba que la autoridad la necesita para mantener el orden público, será momento de ponerle fin.

Por cierto, es totalmente condenable que las manifestaciones que se realizan todos los viernes en Plaza Italia terminen en destrozos o en situaciones que ponen en riesgo la vida de quienes viven en los lugares aledaños. Tampoco es aceptable que la justa demanda del país por el fin a los abusos, a las desigualdades, por pensiones dignas y justas y por las urgentes reformas que Chile necesita, se transforme en actos de violencia, ni menos, que la policía evidencie su incapacidad de mantener profesionalmente el orden público. El estallido social y su masividad dejó un saldo de violaciones a los DD.HH. condenado por todos los organismos internacionales y expuso con mucha claridad la falta de capacidades de la policía chilena. Sin embargo, las actuales manifestaciones de los días viernes están muy lejos de esas arrolladoras jornadas del estallido.

Así que seamos claros, la mantención del orden público es tarea de Carabineros y responsabilidad política del gobierno. Y para eso, no se necesita ni de un estado de excepción, ni de declaraciones públicas de ninguna rama de las FF.AA., que están llamadas a mantener un rol no deliberativo que, cuando se rompió, se transformó en una mancha y una vergüenza en nuestra historia que jamás olvidaremos. Por esa razón, resulta incomprensible la declaración del Ejército en la que califica de cobardes, desadaptados y “antichilenos” a quienes intentaron incendiar la estatua del general Baquedano. Más allá de lo condenable que resulta el hecho, no corresponde que quienes provienen de una institución que rompió nuestra institucionalidad democrática, irrespetó el estado de derecho, violó los DD.HH. y asesinó a miles de chilenos, pretenda dar lecciones de buen comportamiento en una sociedad que aún está lejos de sanar todas sus heridas. El Ejército debería tener muy presente que, cuando señala que “un pueblo que no reconoce ni valora su historia, que precisamente le permite tener un presente, difícilmente se proyectará a un mejor futuro”, irónicamente critica su propio proceder, cuando destruyó La Moneda. Allí se abrió un doloroso capítulo de 17 años de dictadura y luego un largo proceso de recuperación democrática que aún no termina del todo.

La experiencia histórica reciente ha dejado algunas enseñanzas que no hay que olvidar: primero, que la violencia no es el mecanismo para resolver los innumerables problemas que tiene pendiente nuestro país y su práctica se debe condenar sin matices. Segundo, que el orden público es responsabilidad del gobierno y tercero, que las FF.AA. tienen la función de proteger nuestra soberanía y no la de comentar el acontecer sociopolítico nacional.