Por Cristóbal Madero, investigador asociado CiPP y académico UAH
El 25 de octubre del año 2020 Chile votó mayoritariamente aprobar la redacción de una nueva Constitución para regir políticamente el Estado. Una Constitución o Carta Fundamental cumple no solo un rol enunciativo sino uno de carácter performativo: la Constitución no solo dice cosas, sino que las hace. La del año 1833 fue, si bien no la primera cronológicamente, si la primera que logró dar término a más de dos décadas de ensayos constitucionales desde la Independencia de Chile en 1810. La de 1925 hizo que el Estado se separase de la Iglesia. La de 1980, redactada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990), hizo que Chile abrazase un modelo neoliberal de desarrollo. Es este modelo en el cual buena parte de los llamados derechos sociales se sostienen hoy.
Al hacer evaluación de los años dictatoriales (1973-1989) y post dictatoriales (1990-2021) en Chile, no pocos señalan que lo que en dictadura se diseña e implementa, en democracia se institucionaliza. La profundidad de los cambios en el modelo de sociedad, en el modelo económico, y como consecuencia en la cultura chilena desde 1973 en adelante, produjo cambios estructurales que, si bien buena parte de la social democracia de los años 1990 y 2000 en Chile quiso transformar, no reunieron las voluntades suficientes para hacer los cambios radicales necesarios. Lo que ocurrió en el territorio de la seguridad social y de la salud, también se experimentó en el terreno de la educación.
La lógica neoliberal en educación ha estado presente en los últimos 40 años en Chile. Ha definido instituciones, reglas del juego, modos de entender la profesión docente, y en qué consiste liderar una escuela, por mencionar solo algunos elementos. Esta lógica no ha dejado de ser cuestionada en estos 40 años, y no han sido pocos los espacios en que la lógica ha cedido a la evidencia y al peso de la historia.
Hoy, año 2021, gracias a la Ley de Inclusión de 2015, el financiamiento compartido se va acabando, haciendo que más del 90% de los establecimientos educativos sean gratuitos en Chile. Gracias a esa misma ley, más del 90% de los establecimientos ya no pueden seleccionar a sus estudiantes: son las familias, las que, por primera vez en la historia de Chile, pueden seleccionar el colegio, sin poderles ser negado el acceso gracias a un nuevo Sistema de Admisión Escolar. La Ley de Inclusión prohíbe además el lucro de los sostenedores de los establecimientos, lo cual hace que, si bien el sistema sigue operando con un sistema de financiamiento a la demanda y regulado por la asistencia, son mucho menores los incentivos a aquellos, que sin ser ni de cerca una mayoría, hicieron de la educación un negocio con todas las reglas del juego a su favor por más de 30 años en el país.
Si bien las pruebas Simce siguen siendo relevantes, y es el principal dispositivo en torno al cual se organiza la labor evaluativa y orientadora de la Agencia de la Calidad de la Educación, estás han disminuido desde 2016 en su aplicación tanto en el modo (censal o muestral), como en niveles, y número total de pruebas al año. Son pasos hacia un sistema menos centrado en la estandarización, pero aún lejos de un cambio sustancial en esta materia.
¿Podrá una Constitución transformar los principios desde una ideología neoliberal a una más comunitaria, y que eso redunde en modos distintos de entender la educación y la organización del sistema educativo? ¿Podrá una nueva Constitución demoler una ideología incrustada culturalmente, en la subjetividad de cada chilena y chileno? La Constitución puede claramente señalar caminos que permitan pensar una educación menos anclada en principios neoliberales. Y para eso la misma definición de derecho a la educación debe ser reformada en la Constitución. Como lo han señalado no pocos en el contexto preliminar de la discusión constitucional, el derecho a la educación no puede seguir siendo un derecho a pagar por un establecimiento que yo elijo (lo cual a pesar de la gratuidad del más de 90% de establecimientos se puede seguir haciendo en los establecimientos privados con pago). Sin duda que tiene que haber reforma de instituciones y normativas, pero es la misma definición aquello de lo que adolecemos como sociedad. Es un tiempo más de política que de políticas, en el sentido fuerte del término.
Una vez desarrollada la o las definiciones del derecho a la educación, la nueva Constitución podría orientar hacia la tarea todavía titánica que significaría seguir derrumbando inteligentemente la estructura neoliberal de las instituciones y normativas del sistema educativo escolar chileno. No es una tarea nada fácil, pero tal vez como nunca había habido tantas voluntades y sentido de país, como para continuar tal tarea con decisión.
