Paula Benavides es economista y Andrea Bentancor es académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, Campus Santiago.
En Chile coexisten dos tipos de sistemas de pensiones: el civil y el de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería. Estos últimos, cuentan con cobertura completa de la población afecta, prestaciones cuyas tasas de reemplazo llegan al 100% y un bajo número de años de cotizaciones como requisito para acceder a las pensiones (20 años con distintos abonos de tiempo).
Los sistemas de pensiones de las F.F.A.A. y de Orden y Seguridad, fueron diseñados de acuerdo a las características inherentes a esas carreras funcionarias y no han sido objeto de una reforma estructural desde su creación, hace un siglo atrás. En su funcionamiento mantienen un estrecho vínculo con los sistemas de remuneraciones, entendiéndose implícitamente como contratos de largo plazo.
Sin duda, son carreras con diversas particularidades como, por ejemplo, sistemas de turnos y disponibilidad permanente al servicio, entre otras. Sin embargo, en el marco de una acotada carrera institucional, estos sistemas terminan entregando elevadas pensiones de retiro, inutilidad y sobrevivencia, siendo susceptibles de abusos y privilegios, y generando enormes brechas en relación al sector civil. Su financiamiento implica además un elevado aporte fiscal.
En 2020, el gasto público en ambos sistemas fue de 0,95% del PIB para 173.812 pensionados. El pilar solidario, por primera vez lo superó con 1,24% del PIB, producto de los recientes reajustes, pero dando cobertura a 1.651.283 pensionados.
Distintas iniciativas han buscado reformarlos, para eliminar distorsiones y generar un funcionamiento más eficiente. También se han establecido comisiones especiales e investigadoras encargadas de analizar el otorgamiento de pensiones en estos regímenes, así como eventuales irregularidades en las pensiones de inutilidad o las de Gendarmería. Pero, hasta ahora, sólo se han producido cambios acotados, como los de la ley N°20.735 de 2014.
Una solución integral a los problemas del sistema previsional exige revisar en profundidad los sistemas de pensiones de las F.F.A.A. y de Orden y Seguridad Pública. ¿Cómo abordar un desafío así de complejo?
Proponemos hacerlo con una mirada amplia, a través del diálogo social y atendiendo el principio de “trato uniforme”. Es necesaria una hoja de ruta para reformar dichos sistemas y transitar gradualmente a un nuevo sistema universal mixto.
Por cierto, esto implicaría revisar las carreras institucionales y reconocer diversas particularidades de esas profesiones, pero en un marco sin diferencias que carezcan de una debida justificación. Asimismo, en el corto plazo es esencial corregir las distorsiones que caracterizan a estos sistemas, las cuales están identificadas y requieren de un acuerdo político para ello. Es tarea de todas y todos avanzar y dar respuesta al desafío de construir un mejor sistema de pensiones, lo que no sólo incluye reformar el sistema civil.
