SEÑOR DIRECTOR:
Las bajas pensiones que entrega el sistema de capitalización individual son una realidad ampliamente documentada, que debe corregirse con acuerdos eficaces en esta etapa clave de discusión de la reforma que se retoma a partir de mañana.
En particular, la situación de desmedro de las mujeres jubiladas requiere un apoyo adicional, con un componente de solidaridad que no es un regalía, sino lo justo de hacer. La brecha de género en la pensión autofinanciada alcanza un 42,7%, debido a factores como menor densidad de cotizaciones, alta inactividad, informalidad, desempleo, brecha salarial y el cálculo diferenciado de sus expectativas de vida. Esta discriminación directa e indirecta poco tiene que ver con sus capacidades y mérito, sino con desigualdades estructurales reforzadas por normativas vigentes. Difícil entonces lograr acumular todos los recursos necesarios para una vejez digna.
Por eso es clave la discusión sobre los años de cotización requeridos para que ellas accedan al bono de garantía que compensa su menor pensión por vivir más y por las lagunas debidas a los cuidados. Hoy el debate gira en torno a los 8 o 13 años de cotización. Este último incluiría a 473 mil mujeres, pero dejaría fuera a unas 400 mil.
Como todo en esta reforma, es importante saber cómo se financiarán estas prestaciones. Lo más plausible habría sido allanarse a destinar una fracción de las cotizaciones nuevas a este complemento, como proponía el proyecto del expresidente Piñera, pero ahora no hay agua en esa piscina. ¿Entonces qué? Entendiendo la urgencia de reparar las brechas de género en el sistema y siendo frágil el financiamiento, corresponde priorizar a las mujeres en el gasto que se decida hacer.
Alejandra Sepúlveda Peñaranda
Presidenta ejecutiva de ComunidadMujer
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