Por Josefina Araos, investigadores IES
La Lista del Pueblo eligió al fin su candidato presidencial, aunque no se trata esta vez de un nombre nuevo. Cristián Cuevas es un conocido dirigente sindical, famoso por sus variadas militancias políticas y posteriores renuncias. La última fue el abandono de Convergencia Social, partido que ayudó a formar y que dejó como protesta ante la firma de Gabriel Boric del acuerdo del 15 de noviembre. Las vueltas de la vida: la cocina en que el ganador de la primaria de Apruebo Dignidad habría participado el 2019 levanta ahora a Cuevas. Pero acá se trata de una etiqueta precisa, pues esta elección no se sometió a ninguna regla ni control más que los impuestos por la propia Lista del Pueblo. Y ante la crítica esperable a tal procedimiento, sus integrantes se apuraron a aclarar en redes sociales que no anunciarían la candidatura mientras no consultaran con “el pueblo”.
Por lo mismo, más allá del candidato elegido, lo relevante es analizar la plataforma electoral que está construyendo la Lista del Pueblo. Y, particularmente, los mecanismos y requisitos fijados para tomar sus decisiones, pues permiten evaluar su estrategia. Porque en la publicación de esta semana de sus bases para las candidaturas parlamentarias, se puede ver el esfuerzo por darse sus propias reglas y superar así la “vieja política”. La Lista del Pueblo ha afirmado que no quiere constituirse como partido político, estructura responsable de la “democracia elitista” que imperaría en Chile. Deseosos de proteger sus intereses, esos partidos estarían resistiendo la entrada de nuevas formas de organización política, evitando así la expresión de la “fuerza social de la Revuelta” que encarnaría la Lista del Pueblo. No se puede entrar en las mismas reglas, porque ellas serían parte de la corrupción y decadencia de nuestra política.
Lo curioso es que las exigencias establecidas por la Lista del Pueblo terminan fijando los mismos términos de un partido político, con la diferencia de que esta agrupación no debe responder ante ninguna otra instancia si no cumple con ellos. Sus integrantes podrían defenderse de esta crítica diciendo que han fijado sus propios mecanismos de control, como las grabaciones que los candidatos derrotados debieran registrar, comprometiéndose a no volver a postular. El problema de esto es que, en una suerte de retroceso civilizacional, deciden cambiar procedimientos generales y compartidos, por recursos de escarnio y funa, que luego nadie podrá asegurar si se aplicarán a causas justas o injustas. Se trata de un solo ejemplo, pero que ilustra las dificultades que enfrenta este grupo en su esfuerzo por mantenerse fuera de la elite política, aun cuando ya forma parte de ella. Y es que en ese intento termina por reproducir las prácticas más cuestionadas por la ciudadanía.
La Lista del Pueblo debiera evitar que su obsesión por no confundirse con la “casta” de políticos no termine convirtiéndola en una nueva, que articule finalmente su propia cocina al servicio de una joven oligarquía que se siente por encima de las reglas. Tal vez convenga recordar que la sociedad chilena se enfureció no tanto por las normas existentes, como por la constatación de que solo algunos se subordinan a ellas. Si en lugar de establecer sus propios mecanismos la Lista del Pueblo entrara en el juego colectivo de nuestra política podría ayudar realmente a construir una nueva, rehabilitando los precarios pero insustituibles mecanismos de los que disponemos. Y no en cambio enfocándose en armar su propio campo de acción, creyendo que están libres de caer en la arbitrariedad y el abuso.
