Por Matías Poblete, presidente de Fundación Chilena para la Discapacidad
Un estudio reciente realizado por Fundación Chilena para la Discapacidad sobre conductas de participación social y ciudadana de personas en situación de discapacidad dio a conocer que un 52,1% de los encuestados declara haber experimentado algunas veces obstáculos o barreras que obstaculizaron su participación social y ciudadana, mientras que un 27,9% dice haberlo vivido muchas veces. Además, por medio de dicha investigación se indica que aproximadamente la mitad de los consultados no opina en ningún espacio o instancia, ya sea presencial o virtual. Esto se puede relacionar con la alta presencia de barreras y falta de espacios de participación donde su opinión sea considerada. En tanto, los datos demuestran que un 49,5% de las personas sondeadas dice no haber asistido a organizaciones civiles para dar su opinión o resolver problemas que les hayan afectado directamente, o bien a conocidos.
Los datos anteriores dejan en evidencia la exclusión de personas en situación de discapacidad en la participación ciudadana, la falta de oportunidades para dar a conocer su opinión y para ser consideradas como agentes de cambio, incluso en aquellos temas que les atañen.
Es por esta razón que la nueva Constitución de nuestro país debe considerar desde su origen a este importante segmento de la población. Una buena forma de hacerlo es consignando que un porcentaje de estas personas vaya en cupos reservados en las listas de los partidos políticos para la elección de quienes serán los encargados de redactar la nueva Carta Magna.
Ciertamente, sería más inclusivo que ellas también pudieran contar con escaños reservados, tomando en cuenta que según datos del II ENDISC realizado por Senadis en 2015, un 16,7% de la población chilena se encuentra en dicha situación, y como grupo constantemente se enfrenta a la vulneración de derechos y a la segregación de la sociedad.
Estas cifras las podemos comparar con un 12,8% de la población chilena (Censo 2017) que se identifica como parte de los pueblos originarios, quienes en la actualidad abogan por escaños reservados en el órgano constituyente. Sin embargo, a la altura del calendario electoral en que nos encontramos, peor sería “mascar laucha”.
Por ello, mantener al menos el 5% de reserva en las listas de los partidos políticos permitirá que muchos ciudadanos con alguna limitación física, psíquica, mental o sensorial puedan participar como candidatos, de manera que la ciudadanía elija si dichas personas les representan para la redacción de una nueva Constitución.
De esta manera, con la colaboración de personas en situación de discapacidad podremos redactar una nueva Carta Magna que, desde sus orígenes y en cada una de sus partes, contenga elementos que lleven a Chile a ser un país cada vez más inclusivo, ejemplo para la región y, por qué no decirlo, un referente para el mundo.
Una nueva Constitución debe conseguir que, de manera transversal, en cada uno de los temas de interés se incorpore a este grupo, así como la resolución a las brechas que éstas enfrentan y las garantías para que puedan disfrutar de manera plena y efectiva de los derechos de todos los chilenos.
Para lo anterior, creo que lo más efectivo y eficiente es crear una “Constitución inclusiva” y no una Constitución que tenga un apartado específico para esta población. Así, podremos construir “la casa de todos”, sin segregación ni exclusión.
