Perú en la encrucijada

Pese a que han transcurrido más de dos meses desde que el expresidente Pedro Castillo intentó llevar a cabo un autogolpe que devino en su destitución y enjuiciamiento, la crisis política en que se sumió Perú dista de haber encontrado un cauce de salida. Las masivas protestas que han llevado a cabo sectores que exigen la salida de la Presidenta Dina Boluarte así como el recambio del Congreso han continuado -hasta el momento dejan un saldo de 60 fallecidos, e incontables heridos-, mientras las fuerzas políticas han sido incapaces de concordar fórmulas que permitan desempantanar esta compleja situación.

Todo parece sugerir que la alternativa que ofrece mejores chances para descomprimir esta crítica situación sería el adelantamiento de las elecciones generales para este año, un petitorio que de hecho ha sido una de las banderas que se han enarbolado en las protestas. Si bien el Congreso peruano ya aprobó adelantar los comicios para abril de 2024 -originalmente previstos para 2026-, la fuerte desaprobación que arrastran tanto la Presidenta Boluarte así como los congresistas, sumado a las protestas que no dan señales de amainar, abren serias interrogantes de que dicho plazo pueda cumplirse sin contratiempos.

La propia Mandataria ha sido consciente sobre la necesidad de adelantar las elecciones para 2023, pero los intentos de poder concretarlo se han topado con la resistencia del Congreso, que en cuatro oportunidades ha rechazado iniciativas en esa dirección, por no alcanzarse el quórum requerido. Existía la posibilidad de que esta semana se viera por quinta vez un proyecto en esa línea, pero han sido especialmente sectores ligados a Castillo los que estarían impidiendo que la iniciativa pueda ser puesta en tabla.

Es evidente que el sistema político peruano ha naufragado, atomizado en una docena de fuerzas, sin capacidad para buscar acuerdos y sin la perspectiva de urgencia que se requiere en este momento. La dificultad para adelantar las elecciones no solo estriba en visiones mezquinas y el apetito por el poder, sino que además sectores sobre todo de la izquierda exigen que junto con adelantar las elecciones también se convoque a una asamblea constituyente para reemplazar la actual Constitución, dictada en la era fujimorista. Un cambio constitucional no parece generar por ahora el suficiente consenso -sin perjuicio de que es una materia que probablemente deberá ser enfrentada a futuro-, y en tanto siga exigiéndose como condición para pactar algún tipo de entendimiento la salida a la crisis se dilatará. Boluarte es la sexta presidenta desde 2016, por lo que parece una grave irresponsabilidad seguir entrampando una solución.

Junto con asegurar una pronta salida a esta crisis, las fuerzas políticas también deben hacerse cargo de la violencia que ha emergido en estas movilizaciones. Si bien se han reportado casos de grave abuso policial -algo que ciertamente debe ser investigado-, las planificadas acciones de bloqueo en puntos estratégicos, agresiones a las policías y el vandalismo también permiten presumir que hay sectores interesados en atizar la violencia con el fin de desestabilizar al país. Perú vivió años de violencia terrorista en la década de los 80 y los 90, lo que dejó un trauma profundo. De allí que la clase política debe asumir el peligro que representa volver a caer en una ola de violencia de difícil control, potenciada a su vez por la crisis política. La emboscada que tuvo lugar este fin de semana en la selva peruana, donde siete policías fueron acribillados en lo que aparenta ser un atentado terrorista, es una señal muy preocupante en ese sentido.