Por Carlos Escaffi, gerente general de Imaginaccion Perú y profesor de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Hoy, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, congresista Edgard Alarcón, presentó ante el pleno del Parlamento tres audios que comprometerían directamente al presidente Vizcarra en coordinaciones de respuestas para la Fiscalía de la Nación y la referida Comisión de Fiscalización, con su exasistente y la propia secretaria general de la Presidencia de la República, sobre contratos por un asesor. Una vez escuchados los referidos audios por el Pleno, éste se suspendió y convocó a la Junta de Portavoces, en donde se debatiría una eventual y muy perjudicial vacancia presidencial.
La situación en cuestión solo evidencia la constante y compleja situación de inestabilidad política por la que ha tenido que atravesar este gobierno, que inició con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció ante un segundo intento de vacancia y que hoy cumple un arresto domiciliario. Luego la asunción de quien fuera el primer vicepresidente de Kuczynski, hoy el Presidente Martín Vizcarra, quien durante su mandato disolvió el anterior Parlamento y convocó a elecciones congresales para un nuevo Parlamento, con quien nuevamente se ve enfrentado; de hecho, ayer, congresistas de cuatro bancadas consiguieron las firmas necesarias para presentar una moción de censura contra la titular del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, María Antonieta Alva; las razones, un inadecuado manejo económico durante la actual pandemia.
Por otro lado, cual crónica de una renuncia anunciada, la salida del ex ministro de Interior Jorge Montoya Pérez se veía venir desde el día 22 de agosto, fecha en la que ocurrió la tragedia en la discoteca de Los Olivos -uno de los distritos más pujantes y populosos de la periferia de Lima-, donde fallecieron 13 personas al haberse realizado un cuestionable procedimiento policial de intervención del local en el que se realizaba una fiesta clandestina en pleno estado de emergencia, con prohibición expresa de reuniones masivas.
Y es que el propio ministro había aceptado públicamente que había sido engañado por un oficial de policía, que habría afirmado que la muerte de las 13 víctimas en la discoteca en cuestión sería responsabilidad de los asistentes y no precisamente por las instrucciones de la intervención, en donde los vídeos al interior del recinto no solo mostraban a un efectivo trancando la puerta, sino que también se observa a otro miembro retirando el DVR que habría contenido el archivo de imágenes.
Hoy se dio a conocer que el propio primer ministro le había pedido la renuncia al ministro de Interior, ante el silencio de éste, el propio Presidente de la República habría zanjado la salida anunciada. Una dilación incómoda, pues es el primer ministro quién propone a los jefes de las carteras de Estado y decide la continuidad de los mismos.
La situación descrita evidencia la crisis institucional por la que actualmente atraviesa el Perú y por cierto el sector Interior; no es casual que en un tanto de 6 meses hayan pasado 4 ministros de Interior y, por cierto, 4 comandantes generales de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El foco del nuevo ministro de Interior, el general (r) PNP, César Gentile, deberá re-enfocarse en priorizar acciones vinculadas a fortalecer la seguridad y orden interno, bajo una compleja contingencia sanitaria consecuencia del Covid-19, que ya en Perú según cifras oficiales, los casos infectados llegan a 702.776 y un lamentable número de fallecidos que llegaría a 30.236, con una mortalidad de 4,36%
Así las cosas, nuevamente el Perú es presa de la inestabilidad política, en el momento más inoportuno, cuando la pandemia aún no da tregua, los infectados siguen creciendo, una economía contraída en más de dos dígitos y un Bicentenario triste que llegará y no precisamente en el mejor escenario.
