SEÑOR DIRECTOR:

El pasado 31 de octubre la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a segundo trámite legislativo el proyecto que tiene por fin el fraccionamiento de la actividad pesquera fijando cuotas globales de captura para pescadores industriales y artesanales.

Si bien se puede discutir el fondo, lo que sucederá será la paralización de inversiones y empleo en regiones como el Biobío, pérdida de credibilidad y estabilidad económica, no respetando contratos que se encuentran vigentes hasta el 2032. Estas consecuencias son de una misma índole que el proyecto de ley, aprobado en general por la comisión de Minería y Energía que busca ampliar la cobertura de subsidio eléctrico que incluye el pilar PMGD afectando la inversión extranjera y la certidumbre económica del país que tanto nos caracteriza.

¿Qué está ocurriendo con el Ejecutivo?. Se busca hipotecar la estabilidad de inversiones de un país por cumplir promesas de campaña dando celeridad proyectos de ley en el Congreso que requieren un mayor análisis en desmedro de la certeza regulatoria y agudizando el desincentivo de inversiones en sectores estratégicos como lo es la pesca y la energía.

Jaime Sepúlveda Orellana

Abogado