Plan de conversión energética
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Por Juan Pablo Montero, Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI), Economía UC
El plan de conversión energética anunciado recientemente por el ministro de Energía podría convertirse en la reforma más importante del sector en mucho tiempo, tanto por su impacto en el bolsillo de los consumidores residenciales, particularmente los de menores ingresos, como por su impacto medioambiental de corto y largo plazo.
El plan busca, vía mayor competencia, llevar energía eléctrica desde una matriz cada vez más limpia y barata, producto de la mayor contribución de energías renovables, a sectores energéticos como la calefacción, tradicionalmente dominados por combustibles fósiles como la gasolina, parafina, petróleo, gas licuado y natural, y, muy preocupantemente, leña.
Hay dos temas que preocupan del plan, sin embargo. El primero es su ámbito de aplicación. Se presenta como un plan que solo aplicaría al segmento de la calefacción y en algunas ciudades del país. Esto es un error. Su ámbito de aplicación debiera incluir desde un inicio a todo el país y a otros ámbitos energéticos, por ejemplo, el de los vehículos eléctricos. No hacerlo retardaría la renovación de la flota hacia vehículos limpios, dificultando, entre otros, el cumplimiento de la meta de carbono-neutralidad comprometida por el país el año pasado. Ante la crisis del covid-19 esto adquiere aún más importancia: arcas fiscales vacías hacen difícil pensar en subsidios a este tipo de vehículos (y otras inversiones limpias) por mucho tiempo.
La segunda preocupación es de libre competencia. El plan establece restricciones al tipo de generadores que podrían hacer ofertas y en que proporciones. Estas restricciones son sinónimo de poca competencia. Hay que promover la mayor participación posible, incluyendo generadores que hoy no tengan contratos con ciertas distribuidoras. Igualmente, hay que pensar en agregar demandas para obtener licitaciones competitivas. La buena noticia es que existen los mecanismos regulatorios para incorporar estos y otros cambios y rápido. No hacerlo no solo pone en duda los beneficios del plan, sino que en riesgo su rápida y efectiva tramitación. Al no garantizar una vigorosa competencia, más de alguien buscará en autoridades de libre competencia retardar su inicio.
Resueltos estos y otros elementos de diseño (como el monitoreo de consumos diferenciados), lo único que queda es confiar en la voluntad política para implementar una reforma con amplios beneficios en el corto y largo plazo.
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