Plan de Emergencia Habitacional: un acierto, una pregunta y un desafío

Por Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero

El domingo 3 de junio, el gobierno presentó el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), tal como lo mandata la Ley de Integración Social y Urbana recientemente aprobada. Ante la actual crisis de vivienda, este plan presenta un importante impulso desde el Estado, bajo el compromiso de construir 260 mil viviendas (40% del déficit actual), con una inversión de más de 340 millones de UF en cuatro años, y con metas específicas por cada región, comuna y programa habitacional. Además de valorar la urgencia institucional que se le imprime a una emergencia social y habitacional que afecta a millones de personas, hay al menos otros tres elementos que se podrían plantear de un primer análisis de lo propuesto.

En primer lugar, este PEH plantea un gran acierto: la apuesta por diversificar los pilares que componen nuestra política habitacional. En nuestra historia reciente, la política habitacional ha estado centrada en la modalidad de subsidio a la demanda para la adquisición de vivienda en propiedad, y ha sido gestionada de forma atomizada entre privados y el Serviu, con escasa participación de otros actores en esta crítica ruta. Ante esto, existe un amplio consenso en la necesidad de diversificar los tipos de soluciones, atendiendo de esta manera la diversidad de la creciente demanda, buscando incorporar nuevos actores en la ecuación, nuevas modalidades de tenencia y agilizando procesos en complemento a los modelos ya existentes.

Así, el PEH propone que al menos 80 mil viviendas sean construidas bajo nuevas modalidades, que involucren roles más preponderantes de municipios, empresas privadas, o bajo nuevas formas de tenencia, como el arriendo, o abriendo la posibilidad de contar con el aporte de las familias mediante autoconstrucción, suelo y otras formas.

En segundo lugar, y entendiendo que no es tarea específica de este plan responder todos los nudos estructurales que generan la crisis de acceso a la vivienda, abre preguntas respecto a la forma en que se va a relacionar o articular con dichos nudos. Por ejemplo, el desarrollo de la ciudad; no seremos capaces de construir más viviendas si no construimos más ciudad. Detrás del déficit habitacional se esconde un déficit urbano igual de relevante, que deriva de la falta de planificación y desarrollo territorial integral y colaborativo. De esta manera, si no respondemos las preguntas sobre cómo la construcción de estas 260 mil viviendas será acompañada por el desarrollo de ciudades más justas y sostenibles, y cuál será la participación de los distintos actores en la planificación y gestión necesaria para ello, podríamos cometer errores por los que hemos pasado, y desaprovechar la oportunidad para que el desarrollo habitacional sea un catalizador de un desarrollo de ciudades y territorios en todas sus dimensiones.

Por último, la exigencia de este plan advierte un desafío para la política habitacional, para el Estado y la sociedad. Y es que el PEH no especifica las fórmulas mediante las cuales se lograrán estas desafiantes metas. Lo presentado no es aún una estrategia, sino un norte y un listado de objetivos. En otras palabras, explica para qué y qué, pero abre la pregunta crucial respecto del cómo.

El PEH plantea levantar una inversión anual entre un 10%-20% superior a la de años anteriores, en un contexto de estrés fiscal y desaceleración económica. Propone generar mecanismos de financiamiento privado, pero no se especifica cuáles, algo particularmente exigente cuando en las proyecciones se disminuye la producción de los programas que han atraído capital privado hasta la fecha (DS01 y DS19). Se propone comenzar y terminar la construcción de 135 mil viviendas nuevas en 3 años y dentro de éstas, al menos 20.000 serán en arriendo, en vista que hasta hoy no más de 500 se han construido para esta modalidad. Identifica con claridad que es necesario avanzar y mejorar los mecanismos de identificación de la demanda, pero no menciona la forma en que esto se podrá hacer. En total se menciona la creación de nuevas mesas, planes, mecanismos, instancias y procesos que implicarán un desafío no menor en materia de gestión.

Es de esperar, entonces, que el sentido sea justamente lo que el ministro Montes ya ha mencionado: convocar en torno a este desafío. Es decir, con un norte claro y metas exigentes, encontrar junto a actores de la sociedad, las fórmulas para alcanzar estas metas bajo una estrategia colaborativa. El Estado dispone los objetivos, las preguntas y la voluntad, pero es Chile, en su conjunto, quien debe organizarse para alcanzar un desafío que es de todos y todas. No se equivoca el gobierno si esta fuere la intención. Enfrentar la cuestión habitacional es un propósito convocante, que no solo responde a un criterio de justicia, sino que además impulsa el desarrollo sostenible del país y hoy Chile cuenta con las capacidades, la ideas y los recursos para lograrlo.