Planificación, diversificación y articulación. Claves del Plan de Emergencia Habitacional

Por Beatriz Mella, directora del Centro CIUDHAD, Universidad Andrés Bello

El recientemente presentado Plan de Emergencia Habitacional busca reducir el déficit habitacional, mejorando y ampliando las actuales normativas. Una de las características es que involucra fuertemente a distintos organismos que representan y visibilizan necesidades diversas en cuanto a espacios públicos y vivienda. Entre 2022 y 2025, el plan considera metas y objetivos anuales por región, para abordar el déficit de 260.000 viviendas en el total del país (poco más de un tercio del déficit actual), con una inversión proyectada de 341,5 millones de UF.

Interesante es destacar que el Plan intenta responder a las distintas urgencias rigiéndose por los preceptos de igualdad y no discriminación. La participación, accesibilidad universal, interculturalidad e intersectorialidad, son considerados atributos que contribuyen con la diversificación de las formas de acceder a la vivienda. La propuesta es destacable, en cuanto a que el rol de la vivienda se entiende desde una perspectiva distinta a la que habitualmente ha sido considerada desde un rol ministerial. Sin embargo, si bien se han cuantificado el total de viviendas en torno a programas de acceso a la vivienda, existe todavía una amplitud riesgosa en la operacionalización o el “cómo” resolver el déficit de vivienda actual.

Si bien el Plan es un buen avance en la resolución de la crisis de vivienda, una de las claves en la solución será la planificación de ciudades más equitativas, más resilientes y con mejor calidad de vida. Esta planificación debe entregar las solvencias sociales, técnicas, económicas y medioambientales que la ciudad requiere. Resolver, por ejemplo, la relación entre viviendas y equipamientos indispensables como servicios de salud, de educación, ocio, recreación y cultura, junto con un adecuado acceso a sistemas de transporte masivos y transporte activo. Estas dimensiones son más complejas y más profundas que las 650.000 unidades habitacionales que hoy carecemos. Lamentablemente, al actual déficit se suma la necesidad de construir una nueva manera de habitar nuestras ciudades, cohesionadas socialmente, mejor adaptadas a las demandas del contexto climático, económico y social, y espacios que sumen a la calidad de vida de las personas.

Una segunda clave es la diversificación. Diversificar los incentivos, los actores y las soluciones que apuntan a núcleos familiares que han ido cambiando. Tamaños, culturas, etnias, funcionamientos, creencias y asociaciones son algunas de las transformaciones que han experimentado las familias chilenas en los últimos años.

Un tercera clave es la articulación. Hoy el Estado debiera facilitar procesos de incentivo, y ampliación de redes, destacándose en su rol articulador de los distintos agentes involucrados en la gestión, construcción, asignación y desarrollo de proyectos. El Estado no sólo debe asumir que su capacidad es limitada en la consolidación de soluciones multidimensionales, multisectoriales y holísticas, sino que debe consolidarse en una relación de articulación virtuosa entre el sector privado, la sociedad civil, el sector público, la industria, la innovación y el uso de nuevas tecnologías. Facilitar procesos de “empoderamiento” tanto para las empresas privadas como para las organizaciones ciudadanas, entregar vías de capacitación para los municipios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que hoy tienen mucho más que decir en torno a estos temas, y también la sociedad civil, son algunos pasos necesarios para alcanzar ese objetivo.